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Se complica el caso Urdangarin
José Oneto
Conforme avanzan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca encargado del escándalo Palma Arena, más se complica la situación judicial del yerno de los Reyes de España, Iñaki Urdangarin, casado con la Infanta Cristina de Borbón.
Investigado por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración, los documentos ocupados en los registros practicados con la autorización del juez José Castro están arrojando nuevas pistas sobre una forma de actuar, en la que se han descubierto operaciones con paraísos fiscales (Belice y Luxemburgo), y numerosas falsificaciones de facturas de acuerdo con un plan preestablecido para engañar a la Hacienda Pública, plan que todavía no se sabe si ha sido elaborado por el propio Urdangarin o por un despacho fiscal de su socio Diego Torres, y que le ha supuesto un beneficio de muchos cientos de miles de euros que, sin llegar a Hacienda iban a parar al Instituto Nóos, un Instituto sin ánimo de lucro, o ,a sociedades privadas de Urdangarin en la que también aparece su esposa, la Infanta Cristina, algo que ha encendido todas las alarmas en la Casa Real.
Todos los datos que se desprenden del sumario indican que Urdangarin habría recibido en contratos, sin ningún tipo de concurso, más de ocho millones de euros por supuestas actividades deportivas de relaciones públicas y presentaciones, muchos de los cuales no llegaron siquiera a realizarse, contratos, algunos de ellos mantenidos en secreto o de forma confidencial, firmados por los presidentes de las Comunidades de Baleares y Valencia, Jaume Matas y Francisco Camps, procesados ambos por casos de corrupción, y artífices ambos de dos proyectos faraónicos, relacionados con el estadio Palma Arena y con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción ha explicado muy claramente cómo el Instituto Nóos, que Urdangarin tenía como tapadera, fijó unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la AdministraciónPública, y tras recibir los fondos públicos se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas entidades mercantiles, o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas correspondientes facturas contra el Instituto Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin”.
Lo malo, con ser escandaloso de por sí todo ese entramado, es que en el Instituto Nóos, y, en algunas de esas mercantiles, como Aizoon S.L. aparece la Infanta Cristina, nada más y nada menos que como secretaria del Consejo de Administración, aunque probablemente, la Infanta no estuviese al tanto de la forma de operar de su esposo, sí tendría que ser consciente del alto nivel de vida que, de pronto, comenzaron a disfrutar y, que permitió la compra de una residencia especialmente lujosa y llamativa en el barrio alto de Pedralbes en Barcelona, valorada por encima de los seis millones de euros, cifra desproporcionada para un matrimonio en el que, él acababa de dejar un equipo de balonmano y ella se había convertido en una colaboradora de la Caixa.
A la espera de su casi segura imputación, Su Majestad el Rey ha mantenido una larga conversación con su yerno para comunicarle que la Zarzuela no piensa tener ningún tipo de intervención en este espinoso tema, que por lo tanto tendrá que hacer frente a lo que venga sin ningún tipo de privilegio y que, en lo posible, procure salvar del escándalo a la Infanta Cristina que forma parte de la Familia Real.
Eso significa que salve a la Infanta de tener que declarar. Aunque tanto para la Infanta como para el propio Urdangarin si tienen que comparecer ante un juez, según el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito.
A nadie se le oculta que el escándalo Urdangarin se produce en un especial momento político y económico en el que, tanto el Movimiento 15 M como la movilización de los indignados, han puesto su mirada en la Monarquía como forma del Estado y en determinadas actitudes políticas que fueron muy valoradas por quienes vivieron la Transición pero que no tienen ninguna significación en las nuevas generaciones, indignadas con los excesos de los políticos y con la codicia del poder y que, además, no ven salida a sus vidas desde el punto de vista personal y profesional.
Se complica el caso Urdangarin - José Oneto | Republica.com
José Oneto
Conforme avanzan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca encargado del escándalo Palma Arena, más se complica la situación judicial del yerno de los Reyes de España, Iñaki Urdangarin, casado con la Infanta Cristina de Borbón.
Investigado por posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración, los documentos ocupados en los registros practicados con la autorización del juez José Castro están arrojando nuevas pistas sobre una forma de actuar, en la que se han descubierto operaciones con paraísos fiscales (Belice y Luxemburgo), y numerosas falsificaciones de facturas de acuerdo con un plan preestablecido para engañar a la Hacienda Pública, plan que todavía no se sabe si ha sido elaborado por el propio Urdangarin o por un despacho fiscal de su socio Diego Torres, y que le ha supuesto un beneficio de muchos cientos de miles de euros que, sin llegar a Hacienda iban a parar al Instituto Nóos, un Instituto sin ánimo de lucro, o ,a sociedades privadas de Urdangarin en la que también aparece su esposa, la Infanta Cristina, algo que ha encendido todas las alarmas en la Casa Real.
Todos los datos que se desprenden del sumario indican que Urdangarin habría recibido en contratos, sin ningún tipo de concurso, más de ocho millones de euros por supuestas actividades deportivas de relaciones públicas y presentaciones, muchos de los cuales no llegaron siquiera a realizarse, contratos, algunos de ellos mantenidos en secreto o de forma confidencial, firmados por los presidentes de las Comunidades de Baleares y Valencia, Jaume Matas y Francisco Camps, procesados ambos por casos de corrupción, y artífices ambos de dos proyectos faraónicos, relacionados con el estadio Palma Arena y con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción ha explicado muy claramente cómo el Instituto Nóos, que Urdangarin tenía como tapadera, fijó unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la AdministraciónPública, y tras recibir los fondos públicos se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas entidades mercantiles, o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas correspondientes facturas contra el Instituto Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin”.
Lo malo, con ser escandaloso de por sí todo ese entramado, es que en el Instituto Nóos, y, en algunas de esas mercantiles, como Aizoon S.L. aparece la Infanta Cristina, nada más y nada menos que como secretaria del Consejo de Administración, aunque probablemente, la Infanta no estuviese al tanto de la forma de operar de su esposo, sí tendría que ser consciente del alto nivel de vida que, de pronto, comenzaron a disfrutar y, que permitió la compra de una residencia especialmente lujosa y llamativa en el barrio alto de Pedralbes en Barcelona, valorada por encima de los seis millones de euros, cifra desproporcionada para un matrimonio en el que, él acababa de dejar un equipo de balonmano y ella se había convertido en una colaboradora de la Caixa.
A la espera de su casi segura imputación, Su Majestad el Rey ha mantenido una larga conversación con su yerno para comunicarle que la Zarzuela no piensa tener ningún tipo de intervención en este espinoso tema, que por lo tanto tendrá que hacer frente a lo que venga sin ningún tipo de privilegio y que, en lo posible, procure salvar del escándalo a la Infanta Cristina que forma parte de la Familia Real.
Eso significa que salve a la Infanta de tener que declarar. Aunque tanto para la Infanta como para el propio Urdangarin si tienen que comparecer ante un juez, según el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito.
A nadie se le oculta que el escándalo Urdangarin se produce en un especial momento político y económico en el que, tanto el Movimiento 15 M como la movilización de los indignados, han puesto su mirada en la Monarquía como forma del Estado y en determinadas actitudes políticas que fueron muy valoradas por quienes vivieron la Transición pero que no tienen ninguna significación en las nuevas generaciones, indignadas con los excesos de los políticos y con la codicia del poder y que, además, no ven salida a sus vidas desde el punto de vista personal y profesional.
Se complica el caso Urdangarin - José Oneto | Republica.com
