La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones



No hay que ir hasta Europa. La norma de nuestra Carta Magna (artículo 122) ha sido vulnerada. No hace falta recurrir a Europa y fijarnos en un futuro hipotético.

Hay ya una vulneración en tiempo actual.



El artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece lo siguiente: El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
 
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ÀNGELS BARCELÓ
Madrid
16/10/2020 - 08:09 h. CEST

Bruselas observa de cerca la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que proponen el PSOE y Unidas Podemos. Observa y advierte de que no hay que interferir en el poder judicial.



A Bruselas ha ido a chivarse el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de no respetar la separación de poderes pero ocultando su gran responsabilidad en el bloqueo judicial. La reforma propuesta con el gobierno es discutible, más que discutible seguramente, pero la actitud del principal partido de la oposición es de una deslealtad abrumadora.

Puede discutirse y manifestarse todas las objeciones que sean necesarias, que lo son, al proyecto del Ejecutivo pero hay que poner en el mismo plano la actitud inconstitucional del Partido Popular. Y es por eso que en la discusión del proyecto de reforma judicial, Pablo Casado queda inhabilitado y esto también deberían saberlo en Bruselas y también a él debería llegarle una advertencia.

Habla el líder popular de una reforma a la polaca. Curiosas sus palabras si tenemos en cuenta que el Partido Popular español se desmarcó del Partido Popular Europeo cuando en Europa se votó sobre la independencia judicial en Polonia, el partido de Pablo Casado votó en contra de preservar esta independencia.

Pero hay más, el PP se abstuvo en otra votación europea para sancionar a Hungría por incumplir las reglas democráticas. ¿Saben cuál es la explicación que dió el PP para su abstención? Pues que la Eurocámara no se puede convertir en un Tribunal para países. Justo lo que está intentando ahora Pablo Casado con su denuncia del gobierno español.

Llamarlo contradicción sería suave, porque la intencionalidad del viaje de Casado a Europa es evidente. En su labor de desgaste del Gobierno no importa que conlleve el desgaste también de la imagen del país. A esto en el PP le llaman patriotismo.

 
Así serán los pasos contra España si Bruselas objeta la reforma del CGPJ
El Gobierno se arriesga a que la Comisión Europea le abra un procedimiento de infracción y ser condenado en el TJUE, que podría imponer una multa económica hasta que se modificase la ley. También podría perder el derecho de voto en el Consejo
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel EFE
ANTONIO RODRÍGUEZ
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JORGE SÁINZ
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PUBLICADO 16/10/2020 04:45ACTUALIZADO16/10/2020 04:55
El Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un tortuoso camino en las instituciones europeas si prospera su reforma exprés del Poder Judicial. Tanto la Comisión Europea como el Consejo tienen mecanismos punitivos para los Estados miembros que infringen la normativa comunitaria con su legislación nacional.
MÁS INFO
España se podría topar con dos caminos que conducen a sanciones. El más común pasa por las manos de la Comisión, que en todo caso no se podrá pronunciar de forma taxativa hasta que la nueva ley esté en vigor. Tanto PSOE como Podemos coinciden en que las modificaciones en la ley del Poder Judicial podrían entrar en vigor en dos meses.
En ese momento, el Ejecutivo comunitario analizaría si la ley española es compatible con la normativa europea. Es decir, si incumple alguna directiva o norma de la UE. En el caso de que Bruselas observase una vulneración de la misma, mandaría una primera carta al Gobierno español conminándole a modificarla en un plazo determinado de tiempo, que suele ser de varios meses.
Si España no contestase a la misiva o persistiese en su empeño, entonces Bruselas enviaría una segunda carta que en el argot comunitario se conoce como "opinión razonada". El Ejecutivo comunitario indicaría entonces dónde están las vulneraciones de la normativa europea y recomendaría a Madrid el contenido que hay que cambiar. En este caso también se le daría un plazo determinado para ello.
En el caso de que el Ejecutivo de Sánchez persistiese en su empeño, la Comisión Europea podría abrir entonces un procedimiento de infracción contra España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), órgano con sede en Luxemburgo que, en último término, tendría la potestad de imponer sanciones económicas por cada día que pase el Estado miembro sin adecuar su legislación a la normativa europea.
Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ

Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ Europa Press
Bruselas ha abierto varios procedimientos de infracción contra Polonia y Hungría por cuestiones relacionadas con el Poder Judicial. En mayo de este año, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, anunció el cuarto procedimiento contra Polonia por atentar contra el Estado de derecho. El nuevo expediente cuestionaba la reforma judicial introducida en febrero pasado por el Gobierno polaco que lidera el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y que, según Bruselas, atentaba contra la independencia de los jueces. Varsovia recibió un plazo de dos meses para tomar medidas y enmendar la reforma.
"La nueva ley sobre el poder judicial socava la independencia judicial de los jueces y es incompatible con el derecho primario de la UE", resumió la comisaria checa al referirse a una ley criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
A juicio del Ejecutivo comunitario, la norma polaca del PiS impide a los jueces aplicar determinadas disposiciones de la legislación de la UE para proteger la independencia judicial. Un ejemplo era la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ya llevó a Polonia ante el TJUE en 2019 por el régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo y otras instancias.
La mayor parte de las condenas judiciales de España en Luxemburgo ha sido por temas medioambientales. Nuestro país ha tenido el dudoso honor de encabezar durante varios años el ranking de infracciones abiertas por este motivo. A inicios de este 2020, antes de la pandemia, España era el segundo país más infractor por detrás de Grecia con 24 casos. En 2018 llegó a tener hasta 32 contenciosos abiertos con la Comisión Europea.
El artículo 7 del Tratado
La segunda vía es la activación del artículo 7 del Tratado de la UE cuando un país no cumple el artículo 2 en el que se enumeran los principios de libertad, Derechos Humanos y Estado de Derecho que rigen en toda la Unión Europea. Este camino es excepcional, para casos extremos, y el país señalado puede quedarse sin derecho de voto en la toma de decisiones del Consejo de la UE, el órgano que forman los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. En la práctica, supone una suspensión de facto de ese Estado miembro.
La activación de dicho artículo parte de la Comisión Europea -como fue en el caso polaco- o del Parlamento Europeo -caso húngaro-. En ambos casos se pasa por una votación de la Eurocámara, que tiene la potestad de instar al Consejo a que actúe contra un Estado miembro ante la existencia de un claro riesgo de vulneración de los derechos comunitarios. Antes de hacerlo, los ministros deben escuchar a las autoridades nacionales concernidas.
La pérdida del derecho de voto requiere que estén a favor de ello 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios
Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios, según recordaba Efe. Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.
Según el primer informe sobre el Estado de Derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, las reformas judiciales en Polonia han sido desde 2015 "una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten".
Las reformas de Varsovia han afectado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Además, han aumentado la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.
En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Efe
En cuanto a Hungría, la independencia judicial en este país centroeuropeo también es fuente de "preocupación" para las instituciones europeas. Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existía un riesgo de violación del Estado de Derecho.
A eso se sumaba la negativa del Gobierno de Viktor Orban a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.
Las nuevas normas permiten la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento, fuera del procedimiento normal, y rebajan los requisitos de admisibilidad para el presidente del Tribunal Supremo, algo parecido a lo que el Gobierno de Sánchez quiere introducir ahora para la elección de miembros del CGPJ.
"Nada que ver con España"
El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, en la actualidad eurodiputado del PSOE, no cree que sean equiparables los casos de Polonia y Hungría con el que se empieza a plantear con España. "Es una falacia que la ultraderecha en Polonia y Hungría quiera equiparar el señalamiento de sus atropellos a las minorías parlamentarias, en sus respectivos países, con una iniciativa legislativa adoptada de acuerdo con la Constitución y con el apoyo del PSOE y de Podemos en el Congreso, que no suman juntos mayoría absoluta y necesitan integrar a otras minorías para poder alcanzarla", subrayó a Vozpópuli.
El procedimiento del artículo 7 contra Varsovia y Budapest "en ningún caso se puso en marcha", advirtió Aguilar, "porque aprobasen una ley, sino porque en el corto espacio de tiempo sacaron cuatro o cinco que volvieron del revés todas las instituciones del Estado".
El eurodiputado socialista insistió en que ambos países dieron sus respectivos pasos infractores con el apoyo únicamente de la mayoría absoluta que apoyaba al Ejecutivo. Es decir, "sin contar con nadie más". "Nada que ver con lo que pasa en España", concluyó.

 
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Poder S.L.
  • Pretender que el reino autogestionado de las togas es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario: no hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello
Va siendo hora de ir quitando las caretas. Aquellas esferas de la sociedad que consideran que el poder les pertenece han aprendido hace mucho a disfrazar sus ansias de detentarlo con una amable máscara de defensores de derechos y libertades de los que la mayor parte de las veces no parecen entender su significado o bien este les trae bastante sin cuidado. "Lo hacemos por tu bien", parecen decirnos mientras se nos ríen a la cara.


Vamos primero con el jefe de la oposición, que exige la salida del Gobierno de un partido respaldado en las urnas por tres millones de votos como contrapartida para cumplir con las obligaciones constitucionales de renovar las instituciones. ¡A eso le llama defensa de la democracia! Pretende utilizar de rehén al Tercer Poder para intentar que el Primer Poder se configure a su gusto. El paradigma de la separación de poderes.

El absurdo del planteamiento, que es solo un lema que corear y para que coreen sus masas, tiene algunos matices que me gustaría poner sobre la mesa. Más que nada porque, en los asuntos complejos, estos juegos de birlibirloque ampulosos y simplificadores solo tienen por objeto obviar realidades incómodas. No pierdan de vista que la reforma planteada por los partidos de Gobierno –y que como saben no comparto ni apoyo– tiene por objeto cambiar la mayoría por la que se elija a 12 vocales del CGPJ de entre UNA LISTA DE JUECES. No se trata de salir a la calle a capturar adeptos, sino de elegir entre jueces en ejercicio para que estos pasen de juzgar a tener la tarea gubernativa.

Cuando Casado clama, denuncia o pretende impedir que Podemos meta mano de ninguna manera en esa selección, entre jueces, insisto, ¿qué es lo que teme? Podemos, como el resto de partidos, podría en todo caso señalar únicamente cuáles les parecen más adecuados para ocupar ese papel. Cualquier persona por la que mostraran preferencia, tanto ellos como el PP o el PSOE, sería una persona que ahora mismo dicta sentencias.

Cuando Casado teme, denuncia y clama la intervención de Podemos, ¿nos está diciendo que algunos de los jueces que dictan sentencias no merecen sentarse en el CGPJ solo porque ese partido cree que tienen coincidencias ideológicas o de planteamiento con ellos? ¿Nos está diciendo que si a Podemos le gusta cómo impartes justicia o cree que eres un buen profesional quedas invalidado para estar en ese órgano constitucional?

Y voy más allá: si creen eso para no impartir justicia, ¿no estarán insinuando que quien tenga coincidencias ideológicas con Podemos tampoco está bien dentro de la judicatura? Si lo que creen es eso, ¿dónde queda la igualdad y la neutralidad que, según predican, otorga la sacrosanta oposición? Por el contrario, si todos son igual y legítimamente jueces con ideas políticas, ¿qué problema habría en que Podemos señale con el dedo a los que le parezcan más idóneos? ¿Están de acuerdo los jueces conservadores en que hay compañeros suyos que no son dignos por el hecho de que tal vez a Podemos le gusten?

La otra careta que es preciso arrancar es la de algunas asociaciones judiciales. Las asociaciones, y el papel que han ido paulatinamente conquistando, no dejan de ser parte del problema y no tanto los dispensadores de soluciones, como quieren mostrar. Tenemos que la asociación muy conservadora (APM) y la devenida con el tiempo conservadora (AJFV) han manifestado que no acudirán a reuniones sobre temas del servicio con el ministro de Justicia "mientras el Legislativo mantenga ese proyecto de ley".

Veamos de nuevo cómo los presuntos defensores de la separación de poderes, siendo miembros y representantes del Judicial, ejercen presión sobre el Ejecutivo para que el Legislativo retire una iniciativa. ¡Retaconeo y olé de división de poderes! Ahí tenemos unos jueces que tienen una forma muy peculiar de convertirse en los paladines de Montesquieu, que ya dejó dicho que, de los tres poderes, el de juzgar es, de alguna manera, nulo.

Rasgándose las togas les oirán decir que todos sus movimientos van dirigidos a defendernos de un atropello de la "independencia judicial". Hace tiempo que les digo que me parece peligrosa esa tendencia que se aprecia en varias de estas asociaciones a interpretar la independencia como una especie de república Ikea de los jueces, cuya máxima expresión pasa por guisárselo y comérselo solos –autoelegirse, autonombrarse, autojuzgarse, autodisciplinarse y si es posible autofinanciarse– como si ese independentismo de pleno cuño nos fuera a garantizar a los ciudadanos una seguridad mayor de que nuestros derechos y los pilares democráticos estuvieran mejor defendidos.

La independencia judicial no es sino la capacidad de sujeción real a la legalidad frente a otras sujeciones non sanctas de la política, dijo Perfecto Andrés. Pretender que ese reino autogestionado de las togas –retiro lo de república, no se me solivianten– es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario. No hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello. Ahí es en realidad donde se produce la fricción, entre las diferentes opciones políticas para procurar, de la mejor manera, que esas presiones sean neutralizadas.

Cuando los jueces (un 90% dicen, según una encuesta) defienden con rimbombantes frases la neutralidad política de autoelegirse, ocultan que ese sistema "favorece el corporativismo en un sentido propio, que no es la defensa de los intereses de la categoría –lo que sería legítimo– sino que intentan hacer pasar los intereses de categoría como interés general", como bien expresó Luis Díaz-Picazo. Eso es exactamente lo que están intentando, hacer pasar sus intereses profesionales y corporativos, la obtención de ese poder, por intereses generales.

Así que los jueces quieren el poder y el PP quiere conservar el poder que tiene sobre los jueces y los partidos que ganaron las elecciones quieren recuperar el poder que les corresponde y que la derecha no quiere soltar, como si fuera patrimonio suyo. El proyecto de ley no deja de ser un arma de destrucción masiva puesta sobre la mesa por ver si así la derecha se aviene a cumplir con las normas del juego democráticas. A mí no me gusta esa bomba nuclear y deseo que finalmente no haya que detonarla pero, y eso lo dijo bien Sánchez, ¿cuál es la otra opción, que los órganos no se renueven y queden bajo poder conservador hasta las próximas elecciones o, si siguen sin ganar, hasta que lo consigan? ¿Ese es el estándar democrático?

Tiene, desde luego, interés para los ciudadanos quién gane esa pugna por el poder. Lo tiene en gran medida para los más de diez millones que auparon al actual Gobierno, y que a estas alturas no saben si sus votos son de la misma calidad que los de la derecha, y si tienen algún derecho a que su forma de ver las instituciones, la separación de poderes y la sociedad sean respetadas. Esos ciudadanos tienen pleno derecho a que el gobierno de los jueces refleje sus anhelos de justicia y de limpieza democrática, y a que sus criterios y deseos cuenten con miembros del Tercer Poder que los hagan valer como parte de la pluralidad social y de pensamiento de este país. Esos millones de electores tienen derecho a que los jueces no se conviertan en una forma de oposición directa al Gobierno que votaron.

La pugna, pues, también es con el pueblo, única fuente de poder legítimo en democracia.


A mi me resulta un poco raro que los 3/5 de la cámara, es decir, 210 diputados sean suficientes para elegir al CGPJ.

¿Ese es realmente el mejor modelo para elegirlo. ?

¿Qué pasa si dos partidos políticos como el PXXE y PP en éste caso, o uno si tiene mayoría absoluta los elige? Eso se puede considerar ecuánime y calibrado para decir que tiene una amplia mayoría del parlamento. Yo lo dudo.


Y luego dicen que por mayoría absoluta no vale pero si dos partidos tienen esa mayoría absoluta y mas, es decir, 210 diputados es suficiente....


Y luego viene la otra parte...Que si los jueces los eligen los políticos, que si se tienen que ser elegidos, los jueces entre ellos, lo cual tampoco será equilibrado porque en todos los gremios hay "comunidades" y la judicatura es uno de ellos, y entre clanes se eligen por favores o por otro tipo de intereses a quien interesa, y eso formaría auténtica endogamia judicial, es decir, entre ellos se eligieran por amistades o favores, lo cual nos haría dudar de su independencia.

Ya lo expuse una vez que hablamos en éste foro dela elección de los jueces y lo vuelvo a exponer.

Si hay que elegir jueces que se haga una lista con todos aquellos que reúnen los requisitos y quieran acceder al puesto.

Una vez confeccionada la lista que se haga a sorteo. Se van eligiendo de uno en uno sacando números de una bolsa , o bien que se elija por abecedario a partir de que se saque uno de la bolsa, es decir, que si sale un García Castellón, sigan todos los que le sigan al García Castellón por orden de alfabético hasta cubrir esos puestos.

Por supuesto que en la siguiente elección, los que han salido elegidos se retiran de la lista.

Sería una forma de nombrar jueces de todas las ideologías y de forma completamente neutral.
 

¿Mayoría reforzada conformada por dos partidos o uno si tiene mayoría absoluta?

Claro, claro, es Vidal Quadras era del PP. Así se entiende mejor. Ahora de Vox.

El que no renunció al dinero iraní y por el que VOX no ha sido investigado y por lo tanto ilegalizado.

 
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