El juez del caso Dina denuncia una campaña de desprestigio e intimidación

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El juez del caso Dina denuncia una campaña de desprestigio e intimidación


EL MAGISTRADO ALEGA QUE SUFRE UNA "SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN" Y DE "DESCRÉDITO PROFESIONAL" DESPUÉS DE QUE HAYA PEDIDO AL TRIBUNAL SUPREMO QUE DECIDA SI PROCEDE INVESTIGAR A PABLO IGLESIAS
RC/ EFE 09.10.2020 | 09:00


El juez instructor del caso Dina, Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y en algunos medios de comunicación.


El magistrado alega que sufre una situación de indefensión y de descrédito profesional con esta campaña iniciada después de que haya pedido al Tribunal Supremo que decida si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios delitos en el marco del caso sobre el presunto robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bouselham.



En un escrito remitido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública contra su persona desde que se hizo pública el pasado miércoles su exposición razonada elevada al Tribunal Supremo.


En la misma somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas.


García Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la misma.


Añade que además difunde la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".


El magistrado indica que los mensajes contra su persona son "repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios señalan de forma directa a este magistrado".


"Sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional", añade.


García Castellón adjunta al escrito la denuncia que presentó este jueves ante la Policía "por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal".


Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.


Y recuerda que en su Juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, y que ha tomado decisiones de muy distinto signo "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".


El magistrado aporta en su escrito un extracto de mensajes publicados en redes sociales dirigidos a él, que reproduce textualmente tal como se difundieron:


- "hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución por que yo detesto esa gente bastarda de la Política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por eso hijo de put*".


- "¿Quién es el juez García Castellón? Tesorero de la asociación conservadora de jueces y magistrados, sustituto del juez Garzón en la Audiencia Nacional. Colocado a dedo por Aznar, recusado por sus propios compañeros de la Gurtel por su evidente afinidad al PP".


- "Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este Cabrón hay que cocerlo y ya está".


- "... García Castellón, eres un facha y un cabr... PABLO IGLESIAS ES LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO. Que miedo le tienen, porque será...??".


- "Este hijo de put que no lo piense por que esta sobornado@por el Cabron de @pablocasado y su cúpula de babosos del PP. Que asco de gente en este poder judicial hay".


- "El juez mafioso prevaricador garcía castellón resignation and prison psichiatric mental please por tráfico de influencias organización cloacas franquistas satánica neocriminal neoliberal ppcsvoxgate del yunque pederastasbarespaña opus deigate pablo casadogate abascalgate".


- "García Castellón es un juez un pelin hijo de put*...".


- "Yo creo que el juez García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. NO puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos".
 
El juez del caso Dina denuncia una campaña de desprestigio e intimidación


EL MAGISTRADO ALEGA QUE SUFRE UNA "SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN" Y DE "DESCRÉDITO PROFESIONAL" DESPUÉS DE QUE HAYA PEDIDO AL TRIBUNAL SUPREMO QUE DECIDA SI PROCEDE INVESTIGAR A PABLO IGLESIAS
RC/ EFE 09.10.2020 | 09:00


El juez instructor del caso Dina, Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y en algunos medios de comunicación.


El magistrado alega que sufre una situación de indefensión y de descrédito profesional con esta campaña iniciada después de que haya pedido al Tribunal Supremo que decida si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios delitos en el marco del caso sobre el presunto robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bouselham.



En un escrito remitido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública contra su persona desde que se hizo pública el pasado miércoles su exposición razonada elevada al Tribunal Supremo.


En la misma somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas.


García Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la misma.


Añade que además difunde la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".


El magistrado indica que los mensajes contra su persona son "repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios señalan de forma directa a este magistrado".


"Sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional", añade.


García Castellón adjunta al escrito la denuncia que presentó este jueves ante la Policía "por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal".


Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.


Y recuerda que en su Juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, y que ha tomado decisiones de muy distinto signo "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".


El magistrado aporta en su escrito un extracto de mensajes publicados en redes sociales dirigidos a él, que reproduce textualmente tal como se difundieron:


- "hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución por que yo detesto esa gente bastarda de la Política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por eso hijo de p*ta".


- "¿Quién es el juez García Castellón? Tesorero de la asociación conservadora de jueces y magistrados, sustituto del juez Garzón en la Audiencia Nacional. Colocado a dedo por Aznar, recusado por sus propios compañeros de la Gurtel por su evidente afinidad al PP".


- "Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este Cabrón hay que cocerlo y ya está".


- "... García Castellón, eres un facha y un cabr... PABLO IGLESIAS ES LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO. Que miedo le tienen, porque será...??".


- "Este hijo de put que no lo piense por que esta sobornado@por el Cabron de @pablocasado y su cúpula de babosos del PP. Que asco de gente en este poder judicial hay".


- "El juez mafioso prevaricador garcía castellón resignation and prison psichiatric mental please por tráfico de influencias organización cloacas franquistas satánica neocriminal neoliberal ppcsvoxgate del yunque pederastasbarespaña opus deigate pablo casadogate abascalgate".


- "García Castellón es un juez un pelin hijo de p*ta...".


- "Yo creo que el juez García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. NO puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos".


Ya estan actuando lashueste cloaqueras encontra de un juez que se atreve a poner en entredicho a su Sumo Sacerdote, el Alfa macho. Valientes sinverguenzas y corruptos son los de podemos, pero esto no los ven quien los santificaNo se porque tanto miedo cuando el fiscal es Navajas, el segundo de Dolorcitas la amiga especial de Garzoncito el exjuez
 
¿Quién es Manuel García Castellón, el juez que ha planteado investigar a Pablo Iglesias?
Un repaso a la trayectoria del instructor de Púnica, Lezo y Tándem

LOS GENOVESES Miércoles, 7 de octubre de 2020
Manuel García Castellón

Manuel García Castellón
Una de las noticias del día es que el juez instructor del llamado caso Dina, Manuel García Castellón, ha enviado al Tribunal Supremo una exposición en la que solicita que se abra una investigación sobre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. García-Castellón le achaca los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos al dirigente de Unidas Podemos.
La Justicia decidirá si admite dicha petición, pero ¿quién es Manuel García Castellón y cuál es su trayectoria?

Manuel María García Castellón García Lomas no responde al perfil de lo que se ha venido conociendo como un “juez estrella”. De hecho, siempre que ha tenido ocasión, ha declarado que le horroriza y le espanta salir en los papeles: “Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente”.

Para reforzar su carácter, de por si reservado, es más que probable que haya contribuido la distancia física y mental que le ha supuesto estar fuera de España en servicios especiales durante 17 años (2000-2017)

Pero como los lectores entenderán las razones que nos han llevado a publicar esta biografía no oficial, no son ni sus largos años fuera de España, ni su pertenencia a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de la que llegó a ser Tesorero, ni tampoco su trayectoria profesional anterior a su retorno a la AN.

En realidad esta biografía nace de un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención como son los motivos que le llevaron a volver a su juzgado de la Audiencia Nacional para hacerse cargo, a sabiendas, primero de la instrucción de 2 casos que por separado o juntos pueden determinar tanto su futuro como el del PP (Púnica y Lezo). Y en segundo lugar, desde noviembre del 2017, su juzgado ha acabado instruyendo, entre otros, el no menos complejo Caso Tándem. Pero antes de entrar en estos 3 casos vamos a repasar rápidamente su trayectoria.

Familia y estudios
Hasta donde se sabe nació un 16 de octubre de 1952 en Valladolid. Sus padres, ambos fallecidos, tuvieron 4 hijos. Nuestro protagonista inauguró la saga. De su padre se sabe que fue ingeniero agrónomo y funcionario del Ministerio de Agricultura durante años destinado en la Delegación Provincial de ese Ministerio en Valladolid.
Según el CV distribuido por el Consejo de Ministros celebrado el 26 de mayo del 2000 estudió Derecho en la Universidad de Salamanca e Ingresó en la carrera judicial en 1977.

Sobre esta última fecha nos fiamos más del BOE del 9 de agosto de 1982 en el que se publica la relación de opositores que aprobaron su pase a la Escuela Judicial. De los 45 que conforman la promoción, García Castellón, con 29 años, se sitúa en el tramo bajo, ocupando el puesto nº 37. Como curiosidad solo 7 eran mujeres, entre ellas se encuentra Pilar de la Oliva Marrades, desde el 2010 Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Desde entonces han pasado 38 largos años y estos han sido algunos de sus destinos:

  • Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marquina (Vizcaya)
  • Castrogeriz (Burgos)
  • Puebla de Sanabria (Zamora)
  • Medina del Campo (Valladolid)
  • Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Instrucción número 1 de Baleares
  • Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que compaginó con la función de Juez de lo Penal en Ávila y en Palencia. En 1993 tras su elección por la Junta de Jueces de Valladolid fue nombrado Decano de los Juzgados de esa ciudad. En este juzgado fue instructor de los casos de violación y asesinato de la niña de Villalón de Campos, Olga Sangrador y del violador del ascensor que supuso el asesinato de la joven Leticia Lebrato.
Audiencia Nacional
Tras 10 años de oficio, el ya magistrado se trasladó en 1993 a la Audiencia Nacional, donde fue ocupando sucesivamente los Juzgados de Instrucción números 5, 3 bis y 6. Su primer destino fue sustituir a Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que había pasado a servicios especiales tras ser elegido Diputado y Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. De allí pasa al Juzgado Central nº 3 para finalmente acabar siendo nombrado en noviembre de 1995 titular del nº 6.
Durante su primera época en la Audiencia Nacional (1993-2000) instruyó varios casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra José María Aznar, el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco o la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el Caso Banesto. Durante esos años compartió toga con colegas que con el paso del tiempo han optado por ganar dinero en el sector privado y defender a genoveses de alto standing.

París
El 26 de mayo del 2000, el Gobierno de José María Aznar le nombra a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores (Josep Piqué) y de Justicia (Ángel Acebes) Magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de la República Francesa. Pasa a servicios especiales y marcha para Paris. Mientras tanto, por su juzgado van pasando en comisión de servicios varios magistrados (Juan del Olmo, Pablo Ruz y Eloy Velasco).

Su estancia en Francia, además de otras consideraciones de tipo laboral y económico nada desdeñables, coincide con una etapa de plena colaboración con la judicatura francesa en la lucha contra ETA. Aunque apenas se dispone de información sobre su presencia sí se hizo público que se incrementó notablemente el número de extradiciones de presos de ETA y Grapo a España. En el 2006 el Gobierno francés propuso al entonces presidente de la República, Jacques Chirac, la concesión de la medalla de Caballero de la Legión de Honor. Allí estuvo como quien no quiere la cosa casi 12 años. Finalmente, siendo Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, fue relevado para poder nombrar en el 2012 a otro magistrado más conservador: Pablo González González. Este juez segoviano, años después, tras regresar de París e incorporarse en comisión de servicio a la Sección 2º de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sus propios compañeros aceptaron la recusación para que no juzgara varias PS del Caso Gürtel que varias acusaciones populares habían registrado contra González por sus obvias afinidades con el PP. En estos momentos, para sorpresa de propios y extraños, menos de Carlos Lesmes, es el Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Roma

Volvamos a García Castellón
. Tras su “repentino” cese parisino de modo simultaneo llegó para él un nuevo destino fuera de nuestras fronteras sin necesidad de pasar de nuevo por territorio patrio. Esta vez el bombo del Gobierno de Rajoy le lleva a Italia, para ser exactos a Roma. Si poco se sabe de su etapa en Francia de la de Italia aún menos.
Es constatable que de vez en cuando se traslada a Madrid para ejercer las funciones de Secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial bajo la presidencia de Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, la celebrada el 15 de julio del 2015. En esa reunión figuran como asistentes, entre otros, Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad. Los 2 últimos han sido relacionados como responsables políticos de la denominada "Policía Patriótica" que, mira por donde, está siendo investigada por su juzgado en varias de las PS que componen el Caso Tándem al que luego nos referiremos. También consta que ha asistido a las celebradas el 16 de octubre de 2014, el 3 de abril de 2017, 4 de abril del 2018 y 12 de marzo 2019. Estas 2 últimas ya viviendo en Madrid. Su etapa romana finaliza tras su cese y sustitución por parte del fiscal Luis Rodríguez Sol, fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado,

Madrid bien vale un juzgado
El caso es que cuando todo seguía su curso se produce un hecho que acaba con su tranquila “dolce vita” romana. Los jueces Eloy Velasco y Enrique López son nombrados en comisión de servicio para la recién constituida Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El primero era el titular suplente del juzgado de García Castellón mientras que el segundo deambulaba por la sala de lo Penal de la AN tras haber sido recusado, junto a Concepción Espejel, por sus propios colegas para evitar que juzgará varias PS del Caso Gürtel. Como se veía venir, 2 años después, sus nombramientos han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo.
Las consecuencias de este movimiento interno en la Audiencia Nacional no habían hecho nada más que comenzar para alguien que llevaba 17 años fuera. Estamos a finales de mayo del 2017 y su plaza se acababa de publicar en el BOE para que fuera una vez más cubierta por comisión de servicio “mientras su titular don Manuel María García-Castellón García-Lomas se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial”.

Pero hete aquí que poco despues de publicarse en el BOE se corre el rumor, más que fundado, que el titular se vuelve de Roma para ocupar su plaza. Como es obvio el concurso se suspende y la Comisión Permanente del CGPJ, presidida por un imperecedero Lesmes, a un ritmo digno de analizar, acuerda su reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial con efectos económicos y administrativos del día 16 de junio de 2017. Dicho y hecho. En ese momento era Ministro de Justicia Rafael Catalá.

Y es entonces cuando se disparan las especulaciones sobre las verdaderas razones por las que un magistrado conservador de 65 años, cómodamente instalado en Roma, con unas retribuciones sensiblemente superiores a las que percibiría en Madrid y con una carga de trabajo ciertamente llevadera, decide tirar la casa por la ventana y solicita volver a un juzgado central de instrucción tan problemático como el lector se quiera imaginar.

De todos los que con fundamento han escrito sobre sus razones, sin duda, os sugerimos que se lean con atención los artículos escritos en junio del 2017 por Ignacio Escolar y Ernesto Ekaizer. Por nuestra parte, poco que añadir. A cambio os continuamos relatando la historia de estos casi 3 años de García Castellón al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 6. Este es un resumen resumido de sus principales decisiones, silencios y otros hechos y circunstancias relevantes:

Jueces de refuerzo.
Una de las primeras sugerencias que eleva García Castellón a la superioridad es que tal como está la carga de trabajo en su juzgado y consciente que llevaba 17 años sin instruir es solicitar que le asignen un juez de refuerzo que Velasco había tenido durante un tiempo
.
En pleno mes de agosto de ese año la Comisión Permanente atiende su petición y acuerda nombrar a Diego de Egea Torrón, titular del Juzgado de Instrucción n.º 43 de Madrid, para reforzar su Juzgado. Este magistrado se encargará principalmente de algunas PS del Caso Lezo y del Caso Tándem. En diciembre del 2018, alegando razones personales, pide su reingreso a su juzgado y es sustituido por el juez conservador Alejandro Abascal Junquera, destinado en el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Fuenlabrada (Madrid). Se da la circunstancia que Abascal ya había sido juez de refuerzo de Eloy Velasco. Tanto el nombramiento y dimisión de Egea como el de Abascal has estado salpicado de fuertes polémicas entre los miembros de la Comisión Permanente que han obligado a Lesmes hacer valer su voto de calidad. Los más interesados pueden consultar este enlace que incluye una selecta selección de noticias sobre los susodichos y sus circunstancias.

Ministerio Fiscal. A lo largo de estos 2 años se han producido varios cambios, algunos ciertamente polémicos. Han entrado y salido en Púnica y Lezo, Carmen García Cerdá, María Teresa Gálvez, Carlos Yáñez, Ana Cuenca y Antonio Romeral.
Compatibilidad como docente on line
. A pesar de la carga de trabajo que percibe en su juzgado decide solicitar al poco tiempo de llegar que le autoricen la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como tutor on-line en el Centro Universitario privado Ramón Areces, vinculado al Corte Inglés. Dicho y hecho. La Comisión Permanente, hasta en tres ocasiones para los cursos 2017-2018; 2018-2019 y 2019-2020, ha tenido a bien autorizarle su solicitud siempre que “la docencia se imparta en horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia”. Por esta compatibilidad las acusaciones populares en la PS 4 de Púnica le han recusado.

Caso Púnica. El juez Velasco había instruido este sumario iniciado en el 2015 por una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los querellados Francisco Granados, ex Secretario General del PP de Madrid, ex Consejero de Esperanza Aguirre y el empresario David Marjaliza. Había formado 16 PS entre las que destaca la PS 14 que investiga la Caja B del PP de Madrid. En 2 años había imputado a más de 100 cargos públicos, en su mayoría del PP, a empresarios y comisionistas en varias CCAA. Había dictado auto de apertura de juicio oral en la PS 1 (Talamino) y solicitado al Tribunal Supremo que investigara a Pilar Barreiro, diputada y ex alcaldesa de Cartagena y al TSJ de Murcia al Presidente de la C. A, Pedro Antonio Sánchez. Había avanzado notablemente en colaboración con la Fiscalía y la UCO en desentrañar la financiación irregular del PP a través de donaciones a Fundescam y de comisiones por adjudicaciones contratos públicos, tanto regionales como locales.

Tras su salida y llegada de García Castellón el balance de estos últimos casi 3 años es muy desigual y desconcertante. Lo más significativo es que en septiembre del 2019, a propuesta de la Fiscalía, García Castellónha reordenado el sumario, reduciendo el numero de PS, fijándolas en 11. Muy resumidamente, esta es la situación de algunas de las PS:
03. Hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA, en Murcia.

En esta PS se han producido una serie de hechos poco frecuentes que han sorprendido a la Fiscalía, a las acusaciones y a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal. Y es que cuando todo apuntaba a que el ex Presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, alias PAS, iba a ser procesado, García Castellón decide en el último momento dejarle fuera alegando que las decisiones sobre hechos similares que había adoptado el Tribunal Supremo le vinculan. Recurrida su decisión por acusaciones y Fiscalía la Sección 4ª se ha visto obligada a declarar nulo su auto de archivo. Tras esta decisión, García Castellón dictó un nuevo auto dejando fuera por enésima vez a PAS, para alegría del susodicho y de su abogado, el ex juez de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán.

08. Hechos relativos a la etapa de Francisco GRANADOS en la Comunidad de Madrid.
Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Sobre cómo se está llevando la instrucción se han producido serias diferencias entre el juez, la Fiscalía y las acusaciones populares que en algunos casos se han saldado con recursos de apelación a la Sección 4ª Sala de lo Penal. El último incidente ha estado relacionado con su decisión de dar por prescritos unos presuntos delitos cometidos al amparo del PGOU de Valdemoro.

09. Hechos concernientes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid
Tras firmar el auto del 2 de septiembre del 2019 por el que forma PS, García Castellón, a petición del MF, ha tomado declaración en calidad de investigados, entre otros, a los siguientes:

En diciembre del 2018 también ha tomado declaración como imputado al empresario de la comunicación Daniel Mercado (investigado en el Caso Nóos de Baleares) que ha admitido haber facturado irregularmente al PP de Madrid y a Silvano Corujo, ex directivo de ICM que ante la Fiscalía y ante el Juez aseguró que se habían adjudicado contratos a Indra a cambio de comisiones ilegales. Mas recientemente, a la vista de ritmo tranquilo que tomaba la instrucción que debía finalizar el 6 de junio del 2020, el MF ha solicitado variopintas diligencias (comparecencias y documentos) que se están a la espera de practicar. Para sorpresa de un buen número de investigados y quizá del propio juez, los plazos de instrucción se han prorrogado consecuencia de la modificación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que amplia los tiempos durante 1 año. El resultado de este nuevo plazo ha permitido que la Fiscalia solicite al juez que llame a declarar voluntariamente a David Erguido, hasta ese momento senador territorial por la CM y diputado autonómico.

Caso Lezo. El balance, al igual que en Púnica, divide al respetable. En esta causa ha trabajado directamente el primer juez de refuerzo Diego de Egea Torrón que con el apoyo inicial de la fiscalía decidió investigar, entre otros, al ex Presidente de la CM, Alberto Ruiz Gallardón y a todos los miembros de su Consejo de Gobierno que lo integraban en el año 2003 y que acordaron autorizar al Canal de Isabel II la compra de la empresa colombiana Inassa. Tras varias diligencias, García Castellón decide en mayo del 2019 archivar la investigación sobre Gallardón y sus consejeros.

En relación a la PS 3, adjudicación del tren de Navalcarnero, no está de mas recordar que el empresario Villar Mir presentó una querella contra García Castellón que finalmente ha sido desestimada por el Tribunal Supremo. El citado empresario y su yerno López Madrid están siendo investigados además de la PS 3 en la PS 8 por el pago de comisiones a cambio de contratos públicos.
En noviembre del 2017 acuerda la modificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza de Ignacio González, por la de prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €) en metálico. Total 9 meses de cárcel . Con anterioridad había archivado la acusación contra el padre de González así como contra sus hijas.

Caso Tándem. Se inicia en noviembre del 2017 con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción firmada por los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Entre los querellados varios comisarios de policía jubilados y en activo. Entre ellos figura José Manuel Villarejo Pérez. Se les acusa de blanqueo de capital, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La instrucción ha recaído en un primer momento principalmente en el juez de refuerzo, el conservador Alejandro Abascal.

Por el momento son más de 20 las PS creadas más la investigación abierta en el JCI nº 5 dentro de la reapertura de la PS 22510/13 Caja B del PP y que afecta a la PS7 Kitchen de Tándem. Por el momento las filtraciones y tras levantarse el secreto el propio sumario han provocado la dimisión de la anterior Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal y la constatación que se utilizaron fondos reservados del Ministerio del Interior encaminados a neutralizar a Luis Bárcenas. Por el momento están siendo investigados Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior y Francisco Martínez, ex Secretario de Estado de Seguridad

PS Dina. Sin duda, tras solicitar al Tribunal Supremo que se investigue a Pablo Iglesias, Vicepresidente 2º del Gobierno y S.G de Podemos, García Castellón ha decidido convertirse en un juez estrella a los que dice tanto denosta. Sea como fuere, su decisión le situa como el juez más aplaudido por la derecha judicial, mediática y parlamentaria. Sobre esta PS estamos preparando un boletin especial para los lectores que necesitan saber algo más de lo que se va conociendo temporizador en mano.

Vamos acabando ya con esta biografía no oficial de un juez que tras 17 años fuera de la carrera judicial ha decidido volver a ponerse la toga en un juzgado sobre el que recaen casos de importancia vital para los intereses del Partido Popular. Quizá sea pronto para conclusiones, pero lo que si parece cierto es que en estos tres años los inquilinos de Génova 13 duermen con una dosis menor de orfidal. Seguiremos informando.
 
García-Castellón, el juez que no le tiene miedo a Pablo Iglesias pero sí a sus seguidores más fanáticos
El magistrado ha investigado a Villarejo, a la cúpula del PP, a Mario Conde y hasta a Jesús Gil, pero nunca había recibido tantas amenazas como ahora.
11 octubre, 2020 01:35
  1. AUDIENCIA NACIONAL
  2. JOSÉ MANUEL VILLAREJO
  3. JUECES
  4. MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN
  5. PABLO IGLESIAS
María José Fuenteálamo
De Manuel María García-Castellón García-Lomas (Valladolid, 16 de octubre de 1952) dicen que es “prudente, que analiza y medita las cosas”. Los abogados que “no es hombre de grandes artificios en sus escritos”. Quienes conocen su forma de trabajar y, por lo tanto, de interrogar, apuntan que es “inquisitivo”.
Aquellos que tratan con el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el plano personal cuentan que “lo que más le gusta y a lo que dedica más tiempo es a lectura”. Pero también estira los días de la semana para el deporte: natación, mountain bike y senderismo. Y cuando puede, además, este vallisoletano al que le gusta volver de vez en cuando a su ciudad natal; se escapa con la moto de carretera.


Las escapadas ayudan al juez a desconectar de un trabajo en el centro del huracán político. Sus decisiones de instructor han levantado a veces polvaredas. Unos días de un lado y otros días de otro. Esta semana ha metido el dedo en una de las llagas de Podemos, pidiendo que se investigue al mismo vicepresidente del Gobierno, el líder de la formación, Pablo Iglesias, por la tarjeta del móvil de una de sus asesoras. Frente a quienes quieren tacharle de juez escorado a un lado, otros recuerdan que ahí están sus decisiones ‘contra’ el PP. Es el mismo instructor que ha puesto contra las cuerdas a antiguos dirigentes del PP de Rajoy con por es espionaje de Kitchen, por el que ha imputado a su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.


Manuel García-Castellón ha pedido esta semana al Tribunal Supremo que investigue si Pablo Iglesias –aforado ante este alto tribunal- pudo cometer algún delito relacionado con la tarjeta del teléfono de su colaboradora Dina Bousselham. Y eso que Iglesias se había presentado como víctima de un caso que investiga qué paso con la tarjeta en cuestión. Podemos denuncia una conspiración de las cloacas del Estado, relacionada con el multi investigado excomisario José Manuel Villarejo, que tuvo en sus manos una copia de algunos archivos de esa tarjeta de memoria.


El búnker de marihuana más grande conocido en España: 1.022 plantas bajo un olivar en ToledoDomingo DíazEL ESPAÑOL acude a Toledo para comprobar los mecanismos de ingeniería desarrollados para ocultar la droga.








El magistrado Manuel García-Castellón.

El magistrado Manuel García-Castellón. E.E.
Pero la investigación se complica. ¿Qué pasó en realidad con la tarjeta? El líder de Podemos recibió una copia, en enero de 2016, pero no se la entregó inmediatamente a su colaborara. Cuando se la devolvió por fin, parece que estaba dañada. Todo oscuro. Y ante ello, en un duro escrito del juez elevado al Supremo en el que el juez apunta a que Iglesias “simuló un delito", demanda ahora al Supremo que se investigue al político por varios delitos. En las 63 páginas, el juez advierte daños informáticos, revelación de secretos, denuncia falsa y simulación de delito.
En su escrito, García-Castellón no se anda con tibiezas. "Existen elementos de cargos suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD", escribe el magistrado. Habla de revelaciones hechas "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad" y de "una consciente y planificada actuación falsaria". Y así, va justificando, uno a uno, los tres delitos que considera que podría haber cometido el líder de Podemos.
El movimiento judicial ha complicado la situación del vicepresidente Pablo Iglesias y del Gobierno en general. Y de hecho, por mucho que quiera desconectar con sus actividades lúdicas, también ha complicado la vida diaria del juez. Ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales. En principio, se relacionan con sus decisiones respecto a Podemos.
Las amenazas son muy variopintas. "Este es un hijo de put* franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que cocerlo y ya está", reza una de las publicaciones en Twitter. "Hablar de agredir a un cabrón de juez García-Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución", dice otra, y "yo creo que el juez García-Castellón no puede terminar bien (...) lo único que espero es que sea pronto". Pero no es la primera vez que el magistrado se enfrenta a sustos.


Pablo Iglesias y Dina Bousselham.

Pablo Iglesias y Dina Bousselham. E.E.
García-Castellón se mueve en coche oficial y con escolta. Desde hace años. En 2019 se estudió reforzar su seguridad: un desconocido entró en marzo en su casa. Ni daños ni robo. Se consideró una especie de “aviso” por los casos que instruye. En aquel momento había un familiar dentro. García-Castellón es el mayor de cuatro hermanos y está casado.
Por París y Roma
Si se han fijado al principio en la fecha de nacimiento, calculen: García-Castellón tiene 67 años. La edad no es esencialmente un problema: de complexión alta, mantiene una buena forma física. Una pregunta sin contestar es de dónde puede sacar horas al día al tener sobre su mesa los principales casos de corrupción, intrigas políticas y delincuencia financiera de España. Del macrocaso sobre Villarejo, Tándem; Púnica, que indaga en la financiación del PP de Madrid; el caso Dina, que nace del robo de una exasistente del líder de Podemos, Pablo Iglesias… Sumarios, interrogatorios, diligencias…
Indudablemente, debe gestionar bien su tiempo. Apuntada como pregunta para una posible entrevista al juez que no suele concederlas. De frases concisas y pocos circunloquios, huye de los focos, de las entradas y salidas de la Audiencia Nacional, quizá por eso de las fotos. Habla lo suficiente con los medios. Y entrevistas largas sólo las ha concedido por temas de corrupción, a la que ha dedicado, como juez de enlace en París y Roma, buena parte de su carrera.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, García-Castellón, que ingresó en la carrera judicial con 29 años, “no es un juez estrella”, repiten en todas las puertas. Es más bien tímido, analiza y medita las cosas y suele consultarlas con personas de confianza. Así le define un abogado, antes juez: “Debe dormir con la conciencia tranquila, como la figura del buen juez de Azorín”. Seguro que a García-Castellón le gusta la referencia a los clásicos. Los suele buscar. Es un ávido lector que aprovechó el confinamiento para leer un poco más. También es un habitual de los libros de Historia.
Para afrontar todos los capítulos de la historia reciente de España en su juzgado, García-Castellón cuenta con la ayuda de dos jueces: uno como refuerzo, Alejandro Abascal y otro en funciones de apoyo, Joaquín Gadea. La actividad de ambos es fundamental para resolver el enigma del tiempo que estira el juez protagonista de la semana.
Los sumarios del juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional incluyen personajes tan variopintos como Villarejo y la llamada princesa Corinna, investigada en Suiza por hechos en los que estaría relacionado Juan Carlos I, con quien mantuvo una relación sentimental.
Manuel García Castellón entrando en la Audiencia Nacional de Madrid.

Manuel García Castellón entrando en la Audiencia Nacional de Madrid. EFE
Sobre su tablero judicial aparece, como decimos, importantísimos personajes de la vida pública. Este septiembre se desató la revolución en el PP cuando García-Castellón levantaba el secreto de la Operación Kitchen, pieza número 7 de la macrocausa Tándem. Se investiga un supuesto "operativo parapolicial" de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para, "aparentemente", localizar, si tenía "material documental comprometedor para altos dirigentes" del partido.
También en su juzgado, se ha producido la declaración del que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, sobre el caso Dina, centrado en el robo del móvil de la asesora del partido Dina Bousselham. Es un tema que no hace más que enredarse. En los últimos tres años, los que lleva en su segunda etapa en la Audiencia Nacional, ha interrogado a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes.
Con Miguel Ángel Blanco
Poco se sabe de su vida personal. Su padre, ya fallecido, era, según la prensa castellano-leonesa, ingeniero agrónomo funcionario del Ministerio de Agricultura. En las pocas entrevistas que ha concedido en su larga carrera, el magistrado ha hablado casi siempre de terrorismo. Una cuestión a la que ha dedicado gran parte de su carrera. García-Castellón ha sido magistrado de enlace con Francia (2000-2012) y con Italia (2012-2017). Desde Francia, sobre todo se decidió a fomentar la relación judicial precisamente en el área de terrorismo. Él lo conoció de primera mano en uno de los episodios más negros de la banda terrorista ETA: el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
García-Castellón fue el instructor. En 2012, cuando se cumplieron 15 años de la muerte del edil, Manuel García-Castellón recordaba ante las cámaras de Televisión Española cómo el edil popular asesinado por ETA todavía estaba vivo cuando lo encontraron. Él estaba allí. Había llegado en avión militar el día anterior. Aún estaba con vida: “Me emocioné muchísimo, estaba agonizante, no había muerto aún, fue una sensación de una tristeza espantosa”, explicaba el juez ante las cámaras.
El magistrado explicó que sintió en aquel momento: “un plus de responsabilidad. Había un clamor nacional, en Ermua pude observar cómo se alentaba a la familia, me impresionó durante la situación”. Habla de las horas fatídicas de búsqueda. “Cada minuto que pasaba era un minuto menos para encontrarlo. La sensación cada vez que fallaba un registro era de frustración horrible. Miraba continuamente el reloj”.
Tras el asesinato, la frustración continuó: tuvo que archivar el caso al año siguiente porque no había rastro de los autores. Pero quiso el destino que García-Castellón participara en la entrega a España de dos de los asesinos. Entonces ya estaba en París.
García-Castellón recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor, en 2006.

García-Castellón recibiendo del ministro francés de Justicia, Pascal Clément, la Legión de Honor, en 2006. EFE
El gobierno francés reconoció en 2006 su labor con el galardón de la Legión de honor, la máxima distinción que otorga el país galo. Pascal Clément, entonces ministro de Justicia galo, en el discurso de entrega de la condecoración recalcó que la llegada de García-Castellón a París había marcado un antes y un después en las relaciones judiciales entre España y Francia.
La distinción de la Legión de honor fue creada por Napoleón en 1802 para reconocer los servicios a Francia. García-Castellón entraba así en las páginas de la historia gala. También en la de España. En 2005, José Luis Rodríguez Zapatero le había concedido la encomienda de la Orden de Isabel la Católica.
Hasta Jesús Gil
De trato amable, aseguran en la Audiencia Nacional, antes de sus casi dos décadas en Europa fue también el juez del caso Atlético, por el que se procesó a Jesús Gil. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador, antes de llegar a este tribunal pasó por Marquina en Vizcaya y por Medina del Campo (Valladolid). Fue brevemente juez de Vigilancia Penitenciara en Palma de Mallorca antes de volver a su ciudad natal. En su etapa en Valladolid llegó a ser decano de los jueces y en 1992 le tocó instruir un durísimo caso: la violación y asesinato de la joven Olga Sangrador, una de las páginas más negras de los sucesos en España. Tenía 9 años.
García-Castellón se ha referido en alguna ocasión a este caso como uno de los momentos más difíciles de su carrera. Su instrucción escribía una página en la crónica negra de España: hizo una reconstrucción de los hechos en la que participó el asesino que terminó por confesar. Había engañado a la niña en unas fiestas. Fue condenado a 63 años de cárcel. La doctrina Parot le permitió salir pasados los 21. Tras obtener la libertad, fue condenado a cuatro años más por abusos a otra menor.
Aterrizó en la Audiencia Nacional en 1994, en principio, para sustituir a Baltasar Garzón, en el Congreso como diputado del PSOE por Madrid. En aquellos tiempos ya señalaba que le gustaba más instruir, investigar, que juzgar. Al año siguiente pasa al Juzgado Central de Instruccion numero 3, entonces especializado en delitos económicos.
En 1994, García-Castellón tenía 42 años y no tardaría mucho en cruzarse con uno de los nombres del momento: Mario Conde. Era el caso Banesto que acabó llevando al flamante banquero a la cárcel. Más páginas para la Historia de España.
Pablo Iglesias saliendo de la Audiencia Nacional.

Pablo Iglesias saliendo de la Audiencia Nacional. EFE
Mario Conde, en su libro Memorias de un preso, habla pródigamente. El día que entró en prisión. En las 650 páginas del mismo le nombra casi 30 como el juez que instruyó su caso y que le había enviado a prisión. “Muchas personas querían un lugar en la pequeña historia contemporánea de nuestra maltrecha España con relación a Mario Conde. García-Castellón, hoy olvidado por casi todos, fue el hombre que metió en la cárcel a Mario Conde, el primero a quien correspondió tanto honor”, dice el exbanquero en su libro publicado en 2009. Once años después, el juez está más en primera línea que nunca.
Volvió a España con 64 años, en 2017. Tras ser abandonr el puesto en Italia como juez de enlace, pidió recuperar su plaza en la Audiencia Nacional. Justo había salido de ella el juez Eloy Velasco. Se llegó a convocó la plaza, pero se tuvo que anular el procedimiento tras pedir su vuelta su titular. Hubo quien quiso ver suspicacias en ese regreso. ¿Por qué volvió a un puesto de vértigo?
Esto sería otra pregunta para el juez instructor. Aunque él, más que responderlas, las hace. Dos años le quedan, en principio, para ello. Tiene 67, a un mes de cumplir los 68. Los jueces pueden pedir jubilarse a partir de los 65, pero la edad establecida son los 70. Así que todavía le quedan dos años en activo para seguir escribiendo su historia, protagonistas no le faltan

 
¿Quién es Manuel García Castellón, el juez que ha planteado investigar a Pablo Iglesias?
Un repaso a la trayectoria del instructor de Púnica, Lezo y Tándem

LOS GENOVESES Miércoles, 7 de octubre de 2020
Manuel García Castellón

Manuel García Castellón
Una de las noticias del día es que el juez instructor del llamado caso Dina, Manuel García Castellón, ha enviado al Tribunal Supremo una exposición en la que solicita que se abra una investigación sobre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. García-Castellón le achaca los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos al dirigente de Unidas Podemos.
La Justicia decidirá si admite dicha petición, pero ¿quién es Manuel García Castellón y cuál es su trayectoria?

Manuel María García Castellón García Lomas no responde al perfil de lo que se ha venido conociendo como un “juez estrella”. De hecho, siempre que ha tenido ocasión, ha declarado que le horroriza y le espanta salir en los papeles: “Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente”.

Para reforzar su carácter, de por si reservado, es más que probable que haya contribuido la distancia física y mental que le ha supuesto estar fuera de España en servicios especiales durante 17 años (2000-2017)

Pero como los lectores entenderán las razones que nos han llevado a publicar esta biografía no oficial, no son ni sus largos años fuera de España, ni su pertenencia a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de la que llegó a ser Tesorero, ni tampoco su trayectoria profesional anterior a su retorno a la AN.

En realidad esta biografía nace de un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención como son los motivos que le llevaron a volver a su juzgado de la Audiencia Nacional para hacerse cargo, a sabiendas, primero de la instrucción de 2 casos que por separado o juntos pueden determinar tanto su futuro como el del PP (Púnica y Lezo). Y en segundo lugar, desde noviembre del 2017, su juzgado ha acabado instruyendo, entre otros, el no menos complejo Caso Tándem. Pero antes de entrar en estos 3 casos vamos a repasar rápidamente su trayectoria.

Familia y estudios
Hasta donde se sabe nació un 16 de octubre de 1952 en Valladolid. Sus padres, ambos fallecidos, tuvieron 4 hijos. Nuestro protagonista inauguró la saga. De su padre se sabe que fue ingeniero agrónomo y funcionario del Ministerio de Agricultura durante años destinado en la Delegación Provincial de ese Ministerio en Valladolid.
Según el CV distribuido por el Consejo de Ministros celebrado el 26 de mayo del 2000 estudió Derecho en la Universidad de Salamanca e Ingresó en la carrera judicial en 1977.

Sobre esta última fecha nos fiamos más del BOE del 9 de agosto de 1982 en el que se publica la relación de opositores que aprobaron su pase a la Escuela Judicial. De los 45 que conforman la promoción, García Castellón, con 29 años, se sitúa en el tramo bajo, ocupando el puesto nº 37. Como curiosidad solo 7 eran mujeres, entre ellas se encuentra Pilar de la Oliva Marrades, desde el 2010 Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Desde entonces han pasado 38 largos años y estos han sido algunos de sus destinos:

  • Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marquina (Vizcaya)
  • Castrogeriz (Burgos)
  • Puebla de Sanabria (Zamora)
  • Medina del Campo (Valladolid)
  • Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Instrucción número 1 de Baleares
  • Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que compaginó con la función de Juez de lo Penal en Ávila y en Palencia. En 1993 tras su elección por la Junta de Jueces de Valladolid fue nombrado Decano de los Juzgados de esa ciudad. En este juzgado fue instructor de los casos de violación y asesinato de la niña de Villalón de Campos, Olga Sangrador y del violador del ascensor que supuso el asesinato de la joven Leticia Lebrato.
Audiencia Nacional
Tras 10 años de oficio, el ya magistrado se trasladó en 1993 a la Audiencia Nacional, donde fue ocupando sucesivamente los Juzgados de Instrucción números 5, 3 bis y 6. Su primer destino fue sustituir a Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que había pasado a servicios especiales tras ser elegido Diputado y Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. De allí pasa al Juzgado Central nº 3 para finalmente acabar siendo nombrado en noviembre de 1995 titular del nº 6.
Durante su primera época en la Audiencia Nacional (1993-2000) instruyó varios casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra José María Aznar, el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco o la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el Caso Banesto. Durante esos años compartió toga con colegas que con el paso del tiempo han optado por ganar dinero en el sector privado y defender a genoveses de alto standing.

París
El 26 de mayo del 2000, el Gobierno de José María Aznar le nombra a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores (Josep Piqué) y de Justicia (Ángel Acebes) Magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de la República Francesa. Pasa a servicios especiales y marcha para Paris. Mientras tanto, por su juzgado van pasando en comisión de servicios varios magistrados (Juan del Olmo, Pablo Ruz y Eloy Velasco).

Su estancia en Francia, además de otras consideraciones de tipo laboral y económico nada desdeñables, coincide con una etapa de plena colaboración con la judicatura francesa en la lucha contra ETA. Aunque apenas se dispone de información sobre su presencia sí se hizo público que se incrementó notablemente el número de extradiciones de presos de ETA y Grapo a España. En el 2006 el Gobierno francés propuso al entonces presidente de la República, Jacques Chirac, la concesión de la medalla de Caballero de la Legión de Honor. Allí estuvo como quien no quiere la cosa casi 12 años. Finalmente, siendo Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, fue relevado para poder nombrar en el 2012 a otro magistrado más conservador: Pablo González González. Este juez segoviano, años después, tras regresar de París e incorporarse en comisión de servicio a la Sección 2º de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sus propios compañeros aceptaron la recusación para que no juzgara varias PS del Caso Gürtel que varias acusaciones populares habían registrado contra González por sus obvias afinidades con el PP. En estos momentos, para sorpresa de propios y extraños, menos de Carlos Lesmes, es el Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Roma

Volvamos a García Castellón
. Tras su “repentino” cese parisino de modo simultaneo llegó para él un nuevo destino fuera de nuestras fronteras sin necesidad de pasar de nuevo por territorio patrio. Esta vez el bombo del Gobierno de Rajoy le lleva a Italia, para ser exactos a Roma. Si poco se sabe de su etapa en Francia de la de Italia aún menos.
Es constatable que de vez en cuando se traslada a Madrid para ejercer las funciones de Secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial bajo la presidencia de Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, la celebrada el 15 de julio del 2015. En esa reunión figuran como asistentes, entre otros, Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad. Los 2 últimos han sido relacionados como responsables políticos de la denominada "Policía Patriótica" que, mira por donde, está siendo investigada por su juzgado en varias de las PS que componen el Caso Tándem al que luego nos referiremos. También consta que ha asistido a las celebradas el 16 de octubre de 2014, el 3 de abril de 2017, 4 de abril del 2018 y 12 de marzo 2019. Estas 2 últimas ya viviendo en Madrid. Su etapa romana finaliza tras su cese y sustitución por parte del fiscal Luis Rodríguez Sol, fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado,

Madrid bien vale un juzgado
El caso es que cuando todo seguía su curso se produce un hecho que acaba con su tranquila “dolce vita” romana. Los jueces Eloy Velasco y Enrique López son nombrados en comisión de servicio para la recién constituida Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El primero era el titular suplente del juzgado de García Castellón mientras que el segundo deambulaba por la sala de lo Penal de la AN tras haber sido recusado, junto a Concepción Espejel, por sus propios colegas para evitar que juzgará varias PS del Caso Gürtel. Como se veía venir, 2 años después, sus nombramientos han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo.
Las consecuencias de este movimiento interno en la Audiencia Nacional no habían hecho nada más que comenzar para alguien que llevaba 17 años fuera. Estamos a finales de mayo del 2017 y su plaza se acababa de publicar en el BOE para que fuera una vez más cubierta por comisión de servicio “mientras su titular don Manuel María García-Castellón García-Lomas se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial”.

Pero hete aquí que poco despues de publicarse en el BOE se corre el rumor, más que fundado, que el titular se vuelve de Roma para ocupar su plaza. Como es obvio el concurso se suspende y la Comisión Permanente del CGPJ, presidida por un imperecedero Lesmes, a un ritmo digno de analizar, acuerda su reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial con efectos económicos y administrativos del día 16 de junio de 2017. Dicho y hecho. En ese momento era Ministro de Justicia Rafael Catalá.

Y es entonces cuando se disparan las especulaciones sobre las verdaderas razones por las que un magistrado conservador de 65 años, cómodamente instalado en Roma, con unas retribuciones sensiblemente superiores a las que percibiría en Madrid y con una carga de trabajo ciertamente llevadera, decide tirar la casa por la ventana y solicita volver a un juzgado central de instrucción tan problemático como el lector se quiera imaginar.

De todos los que con fundamento han escrito sobre sus razones, sin duda, os sugerimos que se lean con atención los artículos escritos en junio del 2017 por Ignacio Escolar y Ernesto Ekaizer. Por nuestra parte, poco que añadir. A cambio os continuamos relatando la historia de estos casi 3 años de García Castellón al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 6. Este es un resumen resumido de sus principales decisiones, silencios y otros hechos y circunstancias relevantes:

Jueces de refuerzo.
Una de las primeras sugerencias que eleva García Castellón a la superioridad es que tal como está la carga de trabajo en su juzgado y consciente que llevaba 17 años sin instruir es solicitar que le asignen un juez de refuerzo que Velasco había tenido durante un tiempo
.
En pleno mes de agosto de ese año la Comisión Permanente atiende su petición y acuerda nombrar a Diego de Egea Torrón, titular del Juzgado de Instrucción n.º 43 de Madrid, para reforzar su Juzgado. Este magistrado se encargará principalmente de algunas PS del Caso Lezo y del Caso Tándem. En diciembre del 2018, alegando razones personales, pide su reingreso a su juzgado y es sustituido por el juez conservador Alejandro Abascal Junquera, destinado en el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Fuenlabrada (Madrid). Se da la circunstancia que Abascal ya había sido juez de refuerzo de Eloy Velasco. Tanto el nombramiento y dimisión de Egea como el de Abascal has estado salpicado de fuertes polémicas entre los miembros de la Comisión Permanente que han obligado a Lesmes hacer valer su voto de calidad. Los más interesados pueden consultar este enlace que incluye una selecta selección de noticias sobre los susodichos y sus circunstancias.

Ministerio Fiscal. A lo largo de estos 2 años se han producido varios cambios, algunos ciertamente polémicos. Han entrado y salido en Púnica y Lezo, Carmen García Cerdá, María Teresa Gálvez, Carlos Yáñez, Ana Cuenca y Antonio Romeral.
Compatibilidad como docente on line
. A pesar de la carga de trabajo que percibe en su juzgado decide solicitar al poco tiempo de llegar que le autoricen la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como tutor on-line en el Centro Universitario privado Ramón Areces, vinculado al Corte Inglés. Dicho y hecho. La Comisión Permanente, hasta en tres ocasiones para los cursos 2017-2018; 2018-2019 y 2019-2020, ha tenido a bien autorizarle su solicitud siempre que “la docencia se imparta en horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia”. Por esta compatibilidad las acusaciones populares en la PS 4 de Púnica le han recusado.

Caso Púnica. El juez Velasco había instruido este sumario iniciado en el 2015 por una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los querellados Francisco Granados, ex Secretario General del PP de Madrid, ex Consejero de Esperanza Aguirre y el empresario David Marjaliza. Había formado 16 PS entre las que destaca la PS 14 que investiga la Caja B del PP de Madrid. En 2 años había imputado a más de 100 cargos públicos, en su mayoría del PP, a empresarios y comisionistas en varias CCAA. Había dictado auto de apertura de juicio oral en la PS 1 (Talamino) y solicitado al Tribunal Supremo que investigara a Pilar Barreiro, diputada y ex alcaldesa de Cartagena y al TSJ de Murcia al Presidente de la C. A, Pedro Antonio Sánchez. Había avanzado notablemente en colaboración con la Fiscalía y la UCO en desentrañar la financiación irregular del PP a través de donaciones a Fundescam y de comisiones por adjudicaciones contratos públicos, tanto regionales como locales.

Tras su salida y llegada de García Castellón el balance de estos últimos casi 3 años es muy desigual y desconcertante. Lo más significativo es que en septiembre del 2019, a propuesta de la Fiscalía, García Castellónha reordenado el sumario, reduciendo el numero de PS, fijándolas en 11. Muy resumidamente, esta es la situación de algunas de las PS:
03. Hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA, en Murcia.

En esta PS se han producido una serie de hechos poco frecuentes que han sorprendido a la Fiscalía, a las acusaciones y a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal. Y es que cuando todo apuntaba a que el ex Presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, alias PAS, iba a ser procesado, García Castellón decide en el último momento dejarle fuera alegando que las decisiones sobre hechos similares que había adoptado el Tribunal Supremo le vinculan. Recurrida su decisión por acusaciones y Fiscalía la Sección 4ª se ha visto obligada a declarar nulo su auto de archivo. Tras esta decisión, García Castellón dictó un nuevo auto dejando fuera por enésima vez a PAS, para alegría del susodicho y de su abogado, el ex juez de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán.

08. Hechos relativos a la etapa de Francisco GRANADOS en la Comunidad de Madrid.
Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Sobre cómo se está llevando la instrucción se han producido serias diferencias entre el juez, la Fiscalía y las acusaciones populares que en algunos casos se han saldado con recursos de apelación a la Sección 4ª Sala de lo Penal. El último incidente ha estado relacionado con su decisión de dar por prescritos unos presuntos delitos cometidos al amparo del PGOU de Valdemoro.

09. Hechos concernientes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid
Tras firmar el auto del 2 de septiembre del 2019por el que forma PS, García Castellón, a petición del MF, ha tomado declaración en calidad de investigados, entre otros, a los siguientes:

En diciembre del 2018 también ha tomado declaración como imputado al empresario de la comunicación Daniel Mercado (investigado en el Caso Nóos de Baleares) que ha admitido haber facturado irregularmente al PP de Madrid y a Silvano Corujo, ex directivo de ICM que ante la Fiscalía y ante el Juez aseguró que se habían adjudicado contratos a Indra a cambio de comisiones ilegales. Mas recientemente, a la vista de ritmo tranquilo que tomaba la instrucción que debía finalizar el 6 de junio del 2020, el MF ha solicitado variopintas diligencias (comparecencias y documentos) que se están a la espera de practicar. Para sorpresa de un buen número de investigados y quizá del propio juez, los plazos de instrucción se han prorrogado consecuencia de la modificación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que amplia los tiempos durante 1 año. El resultado de este nuevo plazo ha permitido que la Fiscalia solicite al juez que llame a declarar voluntariamente a David Erguido, hasta ese momento senador territorial por la CM y diputado autonómico.

Caso Lezo. El balance, al igual que en Púnica, divide al respetable. En esta causa ha trabajado directamente el primer juez de refuerzo Diego de Egea Torrón que con el apoyo inicial de la fiscalía decidió investigar, entre otros, al ex Presidente de la CM, Alberto Ruiz Gallardón y a todos los miembros de su Consejo de Gobierno que lo integraban en el año 2003 y que acordaron autorizar al Canal de Isabel II la compra de la empresa colombiana Inassa. Tras varias diligencias, García Castellón decide en mayo del 2019 archivar la investigación sobre Gallardón y sus consejeros.

En relación a la PS 3, adjudicación del tren de Navalcarnero, no está de mas recordar que el empresario Villar Mir presentó una querella contra García Castellón que finalmente ha sido desestimada por el Tribunal Supremo. El citado empresario y su yerno López Madrid están siendo investigados además de la PS 3 en la PS 8 por el pago de comisiones a cambio de contratos públicos.
En noviembre del 2017 acuerda la modificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza de Ignacio González, por la de prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €) en metálico. Total 9 meses de cárcel . Con anterioridad había archivado la acusación contra el padre de González así como contra sus hijas.

Caso Tándem. Se inicia en noviembre del 2017 con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción firmada por los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Entre los querellados varios comisarios de policía jubilados y en activo. Entre ellos figura José Manuel Villarejo Pérez. Se les acusa de blanqueo de capital, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La instrucción ha recaído en un primer momento principalmente en el juez de refuerzo, el conservador Alejandro Abascal.

Por el momento son más de 20 las PS creadas más la investigación abierta en el JCI nº 5 dentro de la reapertura de la PS 22510/13 Caja B del PP y que afecta a la PS7 Kitchen de Tándem. Por el momento las filtraciones y tras levantarse el secreto el propio sumario han provocado la dimisión de la anterior Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal y la constatación que se utilizaron fondos reservados del Ministerio del Interior encaminados a neutralizar a Luis Bárcenas. Por el momento están siendo investigados Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior y Francisco Martínez, ex Secretario de Estado de Seguridad

PS Dina. Sin duda, tras solicitar al Tribunal Supremo que se investigue a Pablo Iglesias, Vicepresidente 2º del Gobierno y S.G de Podemos, García Castellón ha decidido convertirse en un juez estrella a los que dice tanto denosta. Sea como fuere, su decisión le situa como el juez más aplaudido por la derecha judicial, mediática y parlamentaria. Sobre esta PS estamos preparando un boletin especial para los lectores que necesitan saber algo más de lo que se va conociendo temporizador en mano.

Vamos acabando ya con esta biografía no oficial de un juez que tras 17 años fuera de la carrera judicial ha decidido volver a ponerse la toga en un juzgado sobre el que recaen casos de importancia vital para los intereses del Partido Popular. Quizá sea pronto para conclusiones, pero lo que si parece cierto es que en estos tres años los inquilinos de Génova 13 duermen con una dosis menor de orfidal. Seguiremos informando.
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El juez Manuel García-Castellón acumula casos y notoriedad
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El letrado de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias
El juez Manuel García-Castellón acumula casos y notoriedad
Manuel García-Castellón, en su etapa de juez de enlace con Francia (Esteban Cobo / EFE)
IGNACIO OROVIO, BARCELONA
11/10/2020 00:57 | Actualizado a 11/10/2020 12:59
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García- Castellón García-Lomas cumple el próximo viernes 68 años. Después de una trayectoria bien diversificada, los celebrará en el punto posiblemente más frenético de su carrera.

Acaba de pedir que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sea investigado por el Tribunal Supremo, pero en su dilatadísima vida judicial ha tenido entre sus manos casos de enorme relevancia y trascendencia: el atentado de ETA contra José María Aznar, los casos Banesto o Púnica, de corrupción del PP y, en los últimos meses, dirige una de las instancias judiciales que investigan al (o alrededor del) rey emérito, Juan Carlos I, por un ingreso en Suiza de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí.


García-Castellón es de Valladolid y estudió en Salamanca. Su ingreso en la escuela judicial (y de ahí a la carrera) se produce el 9 de agosto de 1977, según publica el BOE. Accede en el puesto 37 sobre 45 aprobados, con 15,75 puntos. Lejos de los 33,15 del primero.
Una de sus compañeras de promoción, la que ocupó el puesto siguiente, es la juez Àngels Vivas Larray, una de los 33 juristas firmantes por el derecho a decidir que en 2017 denunció haber sido vetada como presidenta de la Audiencia de Barcelona por motivos ideológicos.

García-Castellón pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. A diferencia de jueces más afables, este jurista “responde al cliché de castellano seco”, explica un letrado que lo conoce bien. “Es rudo, tiene muy claro que él es la auctoritas ”. Al hoy titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional nunca le ha gustado aparecer en los medios. Tras dar servicio como juez de distrito en Markina y Castrojeriz, y como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, en 1992 fue el instructor del escalofriante caso de secuestro, violación y asesinato de Olga Sangrador, de 9 años. La investigación determinó que el asesino era J uan Miguel Valentín Tejero, un convicto por abusos y violación que estaba de permiso.
El magistrado recaló por primera vez en la Audiencia Nacional como sustituto del juez Baltasar Garzón cuando este formó parte del gobierno socialista, en 1993.

García-Castellón cumplió allí siete años, hasta el 2000, y aparte del caso Banesto y del intento de asesinato de Aznar instruyó el del cruel secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco, que en 1997 conmocionó al país.
El magistrado insiste en investigar a Corinna y Villarejo y, de paso, los supuestos negocios del rey emérito

Hasta que en el año 2000 el gobierno de Aznar le ofreció ocupar la plaza como juez de enlace en París, donde estaría doce años. Una plaza mucho más tranquila y desde la que aceleró e intensificó las extradiciones de etarras entre Francia y España. El mismo cargo ocupó después, por otros cinco años, en Roma.

Algunos artículos publicados en el 2017 se plantean con malicia por qué García-Castellón aceptaría recuperar aquel año su plaza en la trinchera que supone el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, tras diecisiete años fuera de España y en destinos mejor retribuidos. Porque el magistrado toma de nuevo el mando del juzgado en junio del 2017, con carpetas abiertas que afectan a cargos del PP como la Púnica, Lezo, Tándem o Acuamed, entre muchos otros. Hacía poco que uno de los acusados en la primera de ellas, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y otros dirigentes del PP, se habían referido en conversaciones intervenidas policialmente a nombramientos judiciales que les podían favorecer. “Pero a García-Castellón no le hizo ninguna gracia tener que regresar de Italia”, matiza una fuente judicial que ha tratado de cerca al magistrado.
Por el caso Lezo deben ser juzgadas 29 personas –entre ellas González– por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II, responsable del suministro de agua en Madrid, a bolsillos particulares.

En el caso Tandem se investiga al excomisario José Manuel Villarejo, después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un anónimo que la llevaría hasta Francisco Menéndez, representante de la empresa Guinea Ecuatorial Geopetrol. Este había encargado información a Villarejo para ensuciar a Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente de aquel país, Teodoro Obiang, en sus aspiraciones sucesorias.
En los últimos meses dirigió la causa de los nueve CDR detenidos en localidades del Vallès


De la pieza Tandem derivó Carol, a raíz de grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen. En ellas, la examante del rey emérito se refería a supuestos negocios de Juan Carlos I en los que ella había actuado como testaferro. La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado en contra de que García-Castellón investigue al rey emérito, dado que por su condición de aforado el asunto está en la Fiscalía del TS. También la justicia suiza investiga aquel ingreso, que mayormente acabó en una cuenta de Larsen.

“No se entiende que teniendo el juzgado hasta arriba se haya empeñado a machamartillo en interrogar en Londres en el caso de Corinna, si luego va a tener que estar en cuarentena”, se cuestiona un abogado madrileño que lo trata puntualmente.

Pero García-Castellón ha sido en los últimos tiempos uno de los jueces centrales más relacionados con Catalunya.
Primero, porque ha investigado quién ayudaba al expresident Carles Puigdemont a moverse por Europa (hasta que fue detenido en Alemania), y después, porque mandó detener a nueve miembros de los CDR en Sabadell y otras localidades. Tras pasar varias semanas o meses en prisión preventiva, quedaron en libertad, a la espera de juicio.


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Cappack
2 horas atrás

Es realmente preocupante ver como la población española que siempre ha sido critica con algunos estamentos mantenía cierta convicción de buena profesionalidad para los jueces, esta cambiando de parecer y empieza a dudar seriamente de que los jueces sean lo que dicen ser, justos y ecuánimes. Realmente son tantos los casos de dudosa parcialidad que parece mas que justificada esta posición de duda sobre la justicia española
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EstelaH2 horas atrás


Un juez que desprestigia aún más nuestro poder judicial.Penosa la imagen de quienes deberían impartir justicia en España.




San google.com
 
Instrucción número 6: radiografía del juzgado "excepcional" que ha investigado a Pablo Iglesias
  • Su titular, Manuel García Castellón, decidió volver a su plaza con 64 tras 16 años en destinos dorados en el extranjero después de que Ignacio González lo propusiera en un pinchazo. Alejandro Abascal, uno de sus dos jueces de refuerzo, fue propuesto por el PP como vocal del Poder Judicial en el frustrado intento de renovación de 2018

El juez Manuel García Castellón, en la Audiencia Nacional. EFE
Elena Herrera
10 de octubre de 2020 22:22h
37
@herrera_elena
Tres jueces para un mismo juzgado. Esta es una de las excepciones que representa el Central de Instrucción número 6 en la historia de la Audiencia Nacional. El juzgado en el que el Partido Popular se juega su futuro, con la investigación del espionaje a Luis Bárcenas y el caso de la financiación irregular de la formación en Madrid, y que acaba de proponer al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Al frente está Manuel García-Castellón, el magistrado al que el Gobierno de Aznar y después el de Rajoy enviaron a los codiciados destinos de juez de enlace en París y Roma. Como magistrado de refuerzo ejerce uno de los puntales de la derecha judicial pese a su juventud, Alejandro Abascal. Y como apoyo de los dos primeros, Joaquín Gadea, miembro de la mayoritaria asociación conservadora de jueces, al igual que Abascal.

Cronología de la pieza 10: así acabó Iglesias acusado por la tarjeta de su colaboradora incautada a Villarejo
SABER MÁS

A sus 64 años, y tras más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero, Manuel García-Castellón decidió en mayo de 2017 regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Su vuelta a España dejó sin efecto el concurso convocado para cubrir la vacante que había dejado tras ser ascendido Eloy Velasco, el juez que lo estaba sustituyendo. Un concurso incontrolable que habría ganado el magistrado con más antigüedad de cuantos aspirasen a instruir los sumarios de corrupción más sensibles del momento, Púnica y Lezo, y que traían de cabeza a varios dirigentes del PP, entonces en el Gobierno.
En esas dos investigaciones estaba y está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien la UCO cazó en un pinchazo del 22 de noviembre de 2016 ideando un plan para mandar a Velasco a “escarbar cebollinos” y traer de vuelta a García Castellón. “Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González al exministro del PP Eduardo Zaplana. Apenas seis meses después, Velasco, junto al hoy secretario de Justicia del PP, Enrique López, fue ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales venían reclamando a España desde la misma creación del tribunal especial. Y García-Castellón volvió a España.
A Ignacio González el plan no le salió demasiado bien. García-Castellón le ha mandado a juicio por el caso Lezo y le sigue investigando en Púnica, una causa en la que ha imputado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación irregular del PP regional. También interrogará próximamente al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, por el espionaje a Luis Bárcenas. Anticorrupción le ha pedido que impute también a María Dolores de Cospedal, pero García-Castellón ha optado por escuchar primero la declaración trascendental de Martínez.
El supuesto espionaje al extesorero con fondos reservados —del que ha salido a la luz abundante documentación en los últimos días al levantarse el secreto de sumario— ha quedado parcialmente opacado esta semana por otra relevante decisión de García-Castellón: la petición al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias precisamente en una de las piezas menores del caso Villarejo, la relativa al robo del móvil de una excolaboradora. El juez ha solicitado la apertura de una causa penal contra el vicepresidente atribuyéndole el delito de denuncia falsa y/o simulación delito por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral", de acuerdo a la teoría que le presentó un abogado despedido de Podemos que decía hablar por boca de terceros. Anticorrupción había advertido al juez que sin denuncia de Dina Bousselham no podía atribuir los otros dos delitos que el juez atribuye a Iglesias: daños informáticos y revelación de secretos. Este viernes, Manuel García-Castellón acusó a miembros del Gobierno y de “algunos medios de comunicación" de alentar una campaña en redes sociales contra él tras esta decisión.
Dos jueces de refuerzo
Las decenas de resoluciones que componen el sumario del caso Villarejo llevan su firma, pero García-Castellón no trabaja solo en el Central de Instrucción número 6. Tiene a su disposición hasta dos jueces de refuerzo, una situación inédita en el tribunal especial, confirman a elDiario.es fuentes jurídicas. De hecho, en la actualidad, es el único de los seis juzgados de la Audiencia Nacional que cuenta con jueces de apoyo. Y en este caso no es uno —que suele ser lo habitual cuando hay sobrecarga de trabajo— sino dos.
Estos jueces son Alejandro Abascal y Joaquín Gadea, ambos son miembros activos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ambos nombrados de manera discrecional por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, y que está en funciones desde hace casi dos años. El de Abascal fue uno de los diez nombres que el PP de Pablo Casado puso encima de la mesa en la frustrada renovación del órgano de gobierno de los jueces de 2018. Si ese intento no hubiera saltado por los aires posiblemente sería a día de hoy uno de los vocales conservadores de la cúpula del Poder Judicial. El acuerdo entre el PP y el PSOE no salió adelante al filtrarse un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente se controlaría "por detrás" la Sala de lo Penal del Supremo.
Abascal, de 42 años y con destino en un juzgado de Fuenlabrada, trabaja codo a codo con García-Castellón en la Audiencia Nacional desde febrero de 2019, cuando el CGPJ lo eligió en sustitución de Diego de Egea, quien renunció a continuar en ese puesto de refuerzo alegando motivos personales. El órgano de gobierno de los jueces acordó que la comisión de servicio fuera para él en detrimento de la magistrada Rosa Freire, impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas y a la que el PP intentó apartar de ese caso.
El CGPJ valoró como principal mérito de Abascal que ya tenía “experiencia” en ese juzgado, en el que estuvo en comisión de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016. De hecho, Eloy Velasco, entonces titular del juzgado en ausencia de García-Castellón, pidió que continuara como refuerzo pero el órgano de gobierno de los jueces se lo denegó al considerar que la situación de sobrecarga del juzgado había mejorado y que esos apoyos eran algo excepcional. A los dos meses de volver a la Audiencia Nacional, García-Castellón ya contaba con juez de refuerzo. Diego de Egea primero y Alejandro Abascal después.
La jueza Freire impugnó el nombramiento de este último en el Supremo y acusó al CGPJ de obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” —como su mejor número en el escalafón— y de idear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. En el entorno de la magistrada confirman que el Alto Tribunal todavía no ha resuelto su recurso. Entre tanto, el Poder Judicial ha prorrogado en hasta tres ocasiones la comisión de servicio de Abascal, la última el pasado 27 de mayo y por un período de seis meses.
Abascal compatibiliza su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en el CES Cardenal Cisneros. Es el mismo centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el que Pablo Casado aprobó en cuatro meses, entre junio y septiembre de 2007, doce de las 25 asignaturas de las que constaba la carrera de Derecho y cuando acaba de ser elegido diputado autonómico en Madrid. Abascal está autorizado a dar clases siempre que éstas se impartan a partir de las 15 horas y no le impidan el cumplimiento de sus deberes judiciales, según la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ.
El otro juez de apoyo, Joaquín Gadea, de 39 años, llegó al Central de Instrucción número 6 por una vía muy poco habitual, admiten fuentes jurídicas. Una disposición adicional que el Gobierno del PP introdujo en el verano 2015 en la ley del Poder Judicial y que permite al CGPJ asignar jueces de refuerzo “para la mejor instrucción de causas complejas” y previa propuesta del titular del juzgado en cuestión.
La peculiaridad de esta figura es que no tiene función jurisdiccional y su función, sobre el papel, se limita a “labores de colaboración, asistencia o asesoramiento”. El CGPJ acordó el nombramiento discrecional de Gadea el 18 de diciembre de 2019 y lo renovó por otros seis meses más el pasado 4 de junio.
Juez de Adscripción Territorial destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Gadea fue uno de los tres magistrados que dictó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia a Quim Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019.
A diferencia de Gadea, Abascal sí puede sustituir a García-Castellón en la toma de declaraciones o en la firma de resoluciones cuando esté ausente. Eso sí, no puede instruir casos anteriores a su llegada al juzgado, solo encargarse de los nuevos que entren. En cualquier caso, fuentes jurídicas aseguran que los tres comparten sus posiciones sobre las causas y debaten a menudo sobre ellas.
Una "excepción" en la Audiencia Nacional
Que un instructor tenga dos jueces de apoyo es una total excepción, incluso en la Audiencia Nacional, si bien el Central de Instrucción número 6 tampoco es un juzgado cualquiera. Además de Púnica y Lezo, instruye la trama policial, empresarial y política en torno al comisario Villarejo, el caso de los CDR, el presunto fraude en obras hidráulicas de Acuamed o la quiebra de la tecnológica ZED. Esta acumulación de causas mediáticas es fruto del azar, aseguran las fuentes consultadas, pues el reparto de asuntos entre los juzgados se realiza a través de un programa informático que garantiza que se haga de forma aleatoria. Además, el juzgado que está de guardia asume los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma, según las normas del tribunal especial.
La carga de trabajo de García-Castellón en la Audiencia Nacional es sin duda muy superior a la que tenía en sus anteriores destinos en París y Roma. Las pocas plazas de juez de enlace son destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jurídicas, pues además de que el ritmo de trabajo es mucho menor, las remuneraciones también son mayores y superan los 130.000 euros anuales. Es decir, García-Castellón regresó a España en mayo de 2017 asumiendo que iba a ganar menos y trabajar más.
Pero es que en su caso, la gratificación en el extranjero había sido doble. Fue destinado primero a París, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar allí a Juan Pablo González, otro de los magistrados considerados próximos al PP, le buscó el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, según fuentes próximas al mismo. La capital de Italia fue el destino al que cinco años después renunció voluntariamente. Antes de su periplo internacional, García-Castellón instruyó casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.
Casi dos décadas después, de nuevo muchas miradas están puestas sobre el juez que ha pedido la imputación de todo un vicepresidente del Gobierno por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral". García-Castellón ha hecho compatible esa acusación con imputar a Villarejo y dos periodistas en la pieza que, con el apoyo de Anticorrupción, nunca llegó a convertirse en la investigación de las maniobras policiales y mediáticas que sufrió Podemos para no alcanzar el Gobierno en 2016.
 
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