LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

A la actual mayoría de la investidura solo le falta controlar el Poder Judicial. Con ello se podrá cumplir el augurio de Pablo Iglesias cuando dijo hace unos días a los diputados del centro derecha que «nunca se volverán a sentar en el consejo de ministros». El objetivo de socialistas, comunistas e independentistas es controlar el Consejo General del Poder Judicial por lo que ya tendríamos, dicho irónicamente, un único poder que sería el ejecutivo y sus aliados parlamentarios. Esto explica la campaña que se ha desatado y la inflexibilidad de la izquierda a la hora de garantizar que este órgano constitucional sea realmente independiente. La situación es tan escandalosa que se quiere reformar la ley con la excusa de desbloquear la renovación del Poder Judicial, cuando lo que realmente se busca es que sea un instrumento para que el centro derecha nunca se vuelva a sentar en el consejo de ministros.



Has metido en la izquierda al PNV que formaría parte de esa multitud de partidos. ¡Ostras!

Por cierto, ahora es un monopolio del PP cuyo líder se niega a abandonar el bunker judicial para que le salve el culo de todos los asuntos que tiene pendientesx.
 
Guadalupe Sánchezvozpopuli autoresGuadalupe Sánchez
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OPINIÓN
Objetivo: someter a la Justicia
Un Poder Judicial servil es garantía asegurada de impunidad ante la ley, que es lo que de verdad parece buscar el Gobierno de Sánchez
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE

PUBLICADO 06/10/2020 04:45ACTUALIZADO06/10/2020 07:11
La legitimidad democrática de un gobierno no radica únicamente en la habilitación que consiga como consecuencia de un resultado electoral. Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Es imprescindible también que el ejercicio del poder que conlleva la gobernabilidad de un país se enmarque en un sistema de separación de poderes, en el que otras instituciones del Estado actúen como contrapeso al Ejecutivo.
MÁS INFO
Y es que lo que distingue a una dictadura de un gobierno democrático no es precisamente el hecho de exista el sufragio (se votaba con Franco igual que se vota ahora en Cuba o en Corea del Norte), sino también que los dirigentes electos estén sometidos al imperio de la ley y respondan ante los tribunales de Justicia por su incumplimiento.
Por eso, porque la división de poderes es consustancial al Estado de derecho y a la democracia liberal, no basta con que los textos fundacionales de una nación la proclamen: tienen que desarrollarla y garantizarla. Esto suele hacerse estableciendo mayorías cualificadas para alterar los mecanismos de funcionamiento institucionales, erigiendo a aquéllas también en una suerte de contrapeso. Y es que hay normas que, por su propia idiosincrasia consustancial al sistema, nacen con vocación de perpetuarse en el tiempo, por eso su modificación requiere el respaldo de una amplia representatividad social.
¿Se imaginan que para jugar al parchís los participantes tuvieran que ponerse de acuerdo sobre las normas aplicables en cada partida? Jugar, jugarían, desde luego. Pero no al parchís, sino a otra cosa. Pues igual de absurdo es cuestionar la legitimidad de las instituciones españolas o de los mecanismos constitucionales previstos para su reforma porque no han sido votados por una o varias generaciones. Algo que por desgracia está ahora muy en boga entre nuestros dirigentes, empeñados en alterar los sistemas de mayorías reforzadas que les impiden cambiar las reglas del juego recurriendo a la falacia ad populum.
Dar un golpe al tablero de juego en mitad de la partida, cambiando las reglas para ser el único que mueva las fichas dejando a la oposición y a los jueces como meros espectadores
Buen ejemplo de todo esto es la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que pretende acometer el Gobierno amparándose, cómo no, en la voluntad de la mayoría. Dar un golpe al tablero de juego en mitad de la partida, cambiando las reglas para ser el único que mueva las fichas dejando a la oposición y a los jueces como meros espectadores.
En el caso de la independencia judicial hablaríamos más de involución que de evolución. Podría decirse que la Constitución del 78 parió un sistema mixto: del artículo 122 se desprende que la voluntad del legislador constituyente era que, de los veinte miembros que integran el gobierno de los jueces (el llamado CGPJ), doce fueran elegidos por los propios jueces entre miembros de la magistratura y la judicatura, y los restantes ocho por las Cámaras, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.
Una sentencia interpretativa del TC
Y así fue hasta 1985, en el que un Gobierno del PSOE con mayoría absoluta modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce jueces y magistrados que hasta entonces eran elegidos por sus pares, fuesen también designados por las Cámaras. Una reforma vergonzosa y vergonzante que salvó el Tribunal Constitucional recurriendo a una de sus tristemente célebres sentencias interpretativas que tanto daño hacen a nuestro ordenamiento jurídico: en lugar de limitarse a avalar o rechazar la constitucionalidad de la norma, estableció la manera en la que ha de ser interpretada para ajustarse a la legalidad. En este caso concreto, advirtieron sobre la necesidad de que el CGPJ no se convirtiese en un reflejo de la lucha parlamentaria. No hacía falta ser Rappel para adivinar el resultado, ¿no creen?
En fin, que la reforma supuso por aquel entonces un pequeño paso para el PSOE pero un gran paso para la politización de la Justicia. Porque no hay que olvidar que el otro partido que ha gobernado hasta ahora en nuestro país con mayoría absoluta no ha tenido a bien remendar el despropósito.
Lo único que sirve de consuelo a los que defendemos la necesidad de un poder judicial independiente es que, al menos, el Constitucional fijó en su jurisprudencia la exigencia de que los doce miembros elegidos entre jueces y magistrados fueran fruto de un amplio acuerdo político, estableciendo para ello también la mayoría cualificada de tres quintos de los votos.
Es típico de Su Persona lo de acusar a otros de ser “inconstitucionales” mientras pacta y gobierna con quienes quieren abolir la Constitución y todo lo que ella representa
Y esto es precisamente lo que ahora el PSOE ha anunciado que pretende modificar. Mientras critican al PP por no cumplir con un pretendido mandato constitucional que le obligaría a pactar las sillas del CGPJ, preparan una reforma que les permitirá elegir a esos doce miembros del gobierno judicial mediante mayoría absoluta, pactando los nombres con sus socios independentistas catalanes y vascos, sin olvidar a los herederos de ETA. Típico de Su Persona lo de acusar a otros de ser “inconstitucionales” mientras pacta y gobierna con quienes quieren abolir la Constitución y todo lo que ella representa.
Ahora muchos me dirán que esto no es más que otro globo sonda o que el Gobierno va de farol para presionar al PP, porque el TC tumbaría esta reforma. Y sí, seguramente declararía su inconstitucionalidad, pero la cuestión es cuándo. Porque dilaciones y Tribunal Constitucional son sinónimos. Así que, en tanto que el TC resolviese, el PSOE agotaría la legislatura con un poder judicial diseñado a su gusto por la vía de los hechos consumados. Y no olviden que un poder judicial servil es garantía asegurada de impunidad ante la ley, que es lo que de verdad se busca.

 
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Objetivo: someter a la Justicia
Un Poder Judicial servil es garantía asegurada de impunidad ante la ley, que es lo que de verdad parece buscar el Gobierno de Sánchez
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE

PUBLICADO 06/10/2020 04:45ACTUALIZADO06/10/2020 07:11
La legitimidad democrática de un gobierno no radica únicamente en la habilitación que consiga como consecuencia de un resultado electoral. Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Es imprescindible también que el ejercicio del poder que conlleva la gobernabilidad de un país se enmarque en un sistema de separación de poderes, en el que otras instituciones del Estado actúen como contrapeso al Ejecutivo.
MÁS INFO
Y es que lo que distingue a una dictadura de un gobierno democrático no es precisamente el hecho de exista el sufragio (se votaba con Franco igual que se vota ahora en Cuba o en Corea del Norte), sino también que los dirigentes electos estén sometidos al imperio de la ley y respondan ante los tribunales de Justicia por su incumplimiento.
Por eso, porque la división de poderes es consustancial al Estado de derecho y a la democracia liberal, no basta con que los textos fundacionales de una nación la proclamen: tienen que desarrollarla y garantizarla. Esto suele hacerse estableciendo mayorías cualificadas para alterar los mecanismos de funcionamiento institucionales, erigiendo a aquéllas también en una suerte de contrapeso. Y es que hay normas que, por su propia idiosincrasia consustancial al sistema, nacen con vocación de perpetuarse en el tiempo, por eso su modificación requiere el respaldo de una amplia representatividad social.
¿Se imaginan que para jugar al parchís los participantes tuvieran que ponerse de acuerdo sobre las normas aplicables en cada partida? Jugar, jugarían, desde luego. Pero no al parchís, sino a otra cosa. Pues igual de absurdo es cuestionar la legitimidad de las instituciones españolas o de los mecanismos constitucionales previstos para su reforma porque no han sido votados por una o varias generaciones. Algo que por desgracia está ahora muy en boga entre nuestros dirigentes, empeñados en alterar los sistemas de mayorías reforzadas que les impiden cambiar las reglas del juego recurriendo a la falacia ad populum.

Buen ejemplo de todo esto es la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que pretende acometer el Gobierno amparándose, cómo no, en la voluntad de la mayoría. Dar un golpe al tablero de juego en mitad de la partida, cambiando las reglas para ser el único que mueva las fichas dejando a la oposición y a los jueces como meros espectadores.
En el caso de la independencia judicial hablaríamos más de involución que de evolución. Podría decirse que la Constitución del 78 parió un sistema mixto: del artículo 122 se desprende que la voluntad del legislador constituyente era que, de los veinte miembros que integran el gobierno de los jueces (el llamado CGPJ), doce fueran elegidos por los propios jueces entre miembros de la magistratura y la judicatura, y los restantes ocho por las Cámaras, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.
Una sentencia interpretativa del TC
Y así fue hasta 1985, en el que un Gobierno del PSOE con mayoría absoluta modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce jueces y magistrados que hasta entonces eran elegidos por sus pares, fuesen también designados por las Cámaras. Una reforma vergonzosa y vergonzante que salvó el Tribunal Constitucional recurriendo a una de sus tristemente célebres sentencias interpretativas que tanto daño hacen a nuestro ordenamiento jurídico: en lugar de limitarse a avalar o rechazar la constitucionalidad de la norma, estableció la manera en la que ha de ser interpretada para ajustarse a la legalidad. En este caso concreto, advirtieron sobre la necesidad de que el CGPJ no se convirtiese en un reflejo de la lucha parlamentaria. No hacía falta ser Rappel para adivinar el resultado, ¿no creen?
En fin, que la reforma supuso por aquel entonces un pequeño paso para el PSOE pero un gran paso para la politización de la Justicia. Porque no hay que olvidar que el otro partido que ha gobernado hasta ahora en nuestro país con mayoría absoluta no ha tenido a bien remendar el despropósito.
Lo único que sirve de consuelo a los que defendemos la necesidad de un poder judicial independiente es que, al menos, el Constitucional fijó en su jurisprudencia la exigencia de que los doce miembros elegidos entre jueces y magistrados fueran fruto de un amplio acuerdo político, estableciendo para ello también la mayoría cualificada de tres quintos de los votos.

Y esto es precisamente lo que ahora el PSOE ha anunciado que pretende modificar. Mientras critican al PP por no cumplir con un pretendido mandato constitucional que le obligaría a pactar las sillas del CGPJ, preparan una reforma que les permitirá elegir a esos doce miembros del gobierno judicial mediante mayoría absoluta, pactando los nombres con sus socios independentistas catalanes y vascos, sin olvidar a los herederos de ETA. Típico de Su Persona lo de acusar a otros de ser “inconstitucionales” mientras pacta y gobierna con quienes quieren abolir la Constitución y todo lo que ella representa.
Ahora muchos me dirán que esto no es más que otro globo sonda o que el Gobierno va de farol para presionar al PP, porque el TC tumbaría esta reforma. Y sí, seguramente declararía su inconstitucionalidad, pero la cuestión es cuándo. Porque dilaciones y Tribunal Constitucional son sinónimos. Así que, en tanto que el TC resolviese, el PSOE agotaría la legislatura con un poder judicial diseñado a su gusto por la vía de los hechos consumados. Y no olviden que un poder judicial servil es garantía asegurada de impunidad ante la ley, que es lo que de verdad se busca.


El título del post no es el apropiado, mas bien es el PP el que somete a la justicia negándose a entablar conversaciones porque no le gusta el socio de gobierno del PXXE.

Y ya del desprestigio de la Justicia puaf, mejor no sigo.
 
El título del post no es el apropiado, mas bien es el PP el que somete a la justicia negándose a entablar conversaciones porque no le gusta el socio de gobierno del PXXE.

Y ya del desprestigio de la Justicia puaf, mejor no sigo.
Sigue, sigue, que habéis puesto a la Lola de Fiscal General del Estado y es la novia del abogado de los narcos
 
Pedro Sanchez y su socio chavista tienen tres propósitos: eliminar la clase media, eliminar la justicia, y eliminar la libertad de expresión.
Ya se ha cargado la libertad de expresión, teniendo a las seis cadenas difundiendo su logia monosistemica como hacia el difunto chavez… de la 1 a la 6 lo mismo, sin contradicción.
eliminar la clase media está a dos telediarios... la plandemia le ha servido para hacer en seis meses lo que otros necesitan años... ha destruido el medio vital de un millón de trabajadores en mes y medio... y va camino de exterminar la totalidad... solo quedaran pobres necesitados de caridad publica y cuatro ricos... democracia venezolana.
y la justicia está vendida...
lo minimo que tenían que hacer los jueces es defender su independencia y rechazar las absurdas restricciones de sanchez para destruir a los madrileños.. nada de nada...

en este empeño no están solos: en la toja andan dándose la mano el canalla Rajoy, el pelalas aznar, felipe gonzalez que no dejó institución sin robar y el que le duele la cara de ser tan guapo pedro sanchez... todos juntitos, bien amigados...

y luego están cuatro idiotas que se creen las siglas...
 
Sigue, sigue, que habéis puesto a la Lola de Fiscal General del Estado y es la novia del abogado de los narcos
y maki el navajas para rechazar el derecho de los ciudadanos a tener justicia...
que se tenia que haber jubilado, pero le han dado un plazo para utilizar al tarado a su antojo.
 
Quién es Maki el navajas? jajajaja

jamia...
Luis Navajas, el flamante Fiscal del Tribunal Supremo, que ha prohibido que los ciudadanos reclamen al Estado daños y perjuicios debido a la mala gestión de la pandemia, cuyo único responsable es Pedro Sanchez y toda su jauría de chavistas y aberchalets….
y eso que somos el peor pais del mundo en cuanto a llevanza sanitaria y económica del coronavirus, amén de la vergüenza de Europa con este caudillo presidente que nos ha tocado en desgracia...
y como perro que sirve a su amo se va a la sexta a insultar a otros fiscales y decir que la fiscal de Rajoy le ha coaccionado para que acepte recursos pidiendo justicia... que esa gente que exige y clama justicia porque lo han perdido todo y quieren comer no tienen derecho a nada y que no vengan a molestar a los juzgados... un lazarillo del infame roures...
Luis Navajas, Fiscal General del Estado en funciones
 
jamia...
Luis Navajas, el flamante Fiscal del Tribunal Supremo, que ha prohibido que los ciudadanos reclamen al Estado daños y perjuicios debido a la mala gestión de la pandemia..
y eso que somos el peor pais del mundo en cuanto a llevanza sanitaria y económica del coronavirus, amén de la vergüenza de Europa con este caudillo presidente que nos ha tocado en desgracia...
y como perro que sirve a su amo se va a la sexta a insultar a otros fiscales y decir que la fiscal de Rajoy le ha coaccionado para que acepte recursos pidiendo justicia... que esa gente que exige y clama justicia porque lo han perdido todo y quieren comer no tienen derecho a nada y que no vengan a molestar a los juzgados... un lazarillo del infame roures...
Ver el archivo adjunto 1639527
Gracias, hay tantos frentes en esta guerra que se me va la pinza
 
Gracias, hay tantos frentes en esta guerra que se me va la pinza

Pedro Sanchez y sus secuaces tienen todo comprado..
y lo primero que ha hecho es eliminar la justicia...
el primer principio de la democracia es la justicia y la propiedad privada...

de todas formas no hay que perder de vista que este hermoso sanchez es sirviente de la verdadera ama, dueña y señora de todas las cosas, que se llama Ana Patricia Botin, delegada del totalitarismo en España, a quien la pareja de politicuchos de cuarta rinden culto cuan virgen de los milagros.

ahí tenemos a Ana Patricia Botin financiando a terroristas y antifeministas...
Banco Santander está siempre con un señor que secuestra, y la victima declara que Otegui quiso asesinarle en tres ocasiones... y a este delincuente Ana Patricia Botin le premia con altos cargos, y conferencias para expandir sus formas de conducir a la sociedad...
No olvidemos de quien dependemos... Ana Patricia Botin ha aniquilado todo el sistema financiero, llevando al oligopolia de tres bancos, y eliminando todas las cajas de ahorros, que debiera estar prohibido su venta ó fusión...
es curioso... su padre (que falleció en extrañas circunstancias) tenia como principal objetivo eliminar a podemos (que fue creación de la enana Soraya saenz de Santamaria)...
Miles de clientes del Santander cierran sus cuentas por la polémica foto de  la conferencia de Otegui
Así PATROCINA el BANCO SANTANDER un ATAQUE de IRENE MONTERO a la MONARQUÍA  - YouTube
 
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