Repaso a la corrupción del Partido Popular

Las cabezas están muy mal en el PP
Por 123dale, 10 Sep 2020, 17:00
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361832 - Las cabezas están muy mal en el PP
 
La cloaca policial no fue la única herramienta que el PP usó para callar a Bárcenas
  • La presión al final funcionó: el tesorero cerró la boca y dejó de dar problemas a la cúpula del PP. No sabemos a cambio de qué ni por qué motivos concretos, pero desde 2016 Bárcenas no ha vuelto a molestar a M. Rajoy
Ignacio Escolar
@iescolar

Luis Bárcenas en la comisión del Congreso de los diputados sobre la financiación ilegal del PP, en 2017 EFE
10 de septiembre de 2020 23:41h
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1. Así en el cielo como en la tierra. En la Justicia y en la cloaca policial. El Partido Popular empleó todo el poder de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para intentar tapar su presunta corrupción. Estaban dispuestos a todo. A cualquier cosa. Aunque los datos que esta semana estamos conociendo del espionaje a Bárcenas cuentan una parte de la historia: lo que hicieron en el Ministerio Interior. Fue muy grave. No fue lo único que pasó.


2. La 'operación kitchen' –el espionaje a Bárcenas pagado con fondos reservados– tenía un objetivo principal: buscar armas para una negociación. El tesorero del PP sabía demasiado. Tenía demasiadas pruebas. Podía haber hundido al partido y a sus principales dirigentes, empezando por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Hizo lo que todos los corruptos hacen en esta situación: o me salváis, o conmigo caeréis los demás.

3. Cuando la justicia encontró su cuenta oculta en Suiza, Luis Bárcenas se sintió abandonado por los suyos. Por eso inició esa presión sobre el PP y sobre Mariano Rajoy. El espionaje a Bárcenas –según explica el número dos de Interior, Francisco Martínez–, arrancó el 13 de julio de 2013: unas horas antes de que El Mundo publicase los SMS de Mariano Rajoy en apoyo de su tesorero. Ese famoso "Luis, sé fuerte" dejó claro en Génova que Bárcenas estaba fuera de control. Fue justo en ese momento cuando Martínez recibió "instrucciones muy concretas", según su propia versión, para robar toda la documentación que Bárcenas guardaba contra el PP.

4. El espionaje a Bárcenas tenía una doble misión. Por un lado, encontrar puntos débiles del tesorero: información perjudicial para él que el PP pudiese usar en una negociación. Por el otro, encontrar las bombas de Bárcenas. Especialmente un disco duro donde el tesorero guardaba las pruebas más comprometidas contra la cúpula del PP.

5. La 'operación kitchen' triunfó: el chófer de Bárcenas al que pagaban con fondos reservados logró robar ese disco duro, unos datos que tenían "muertos de miedo" a varios dirigentes del PP. Ese disco duro desapareció. La cloaca se hizo con él, y jamás lo llevó al juzgado. No se sabe dónde está.

6. ¿Qué había en ese disco duro? Villarejo lo explica con claridad: "Todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda". Son unos audios que la cloaca ocultó y que aún no han visto la luz.

7. No fue el único éxito del espionaje a Bárcenas. También lograron algo de mucho valor para la negociación: información sobre otra parte del patrimonio oculto de Luis Bárcenas, escondido presuntamente "en las Antillas Neerlandesas y en Cracovia". Unos datos muy comprometidos para Bárcenas, pero que los policías que le espiaban tampoco contaron al juzgado.

8. La 'operación kitchen' logró todos sus objetivos. Y por eso el chófer de Bárcenas, que era quien le espiaba, recibió su recompensa: un puesto en la Policía Nacional, donde aún sigue (además del dinero que cobró). Y probablemente por eso Luis Bárcenas acabó dando su brazo a torcer.

9. "Si hablas, tu mujer irá a prisión", le transmitió a Bárcenas un abogado cercano al PP en uno de los muchos momentos de máxima tensión. Una presión que al final funcionó. El tesorero cerró la boca y dejó de dar problemas a la cúpula del PP. No sabemos a cambio de qué ni por qué motivos concretos, pero es un hecho que Bárcenas se calló. La prueba más evidente de este giro llegó en septiembre de 2016: Luis Bárcenas cambió de abogado y retiró la acusación contra el PP por la destrucción de sus discos duros. Desde entonces, Bárcenas no ha vuelto a molestar a M. Rajoy.

10. Luis fue fuerte y el PP también hizo lo que pudo. En la Audiencia Nacional, a pesar de las presiones, la sentencia de la Gürtel condenó al tesorero a 33 años de prisión. También condenó a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, a 15 años de cárcel. A pesar de esa sentencia, ella aún sigue en libertad.

11. "Si la mujer de Bárcenas entra en prisión se nos abre el suelo bajo los pies", decían en aquel momento en el PP. Al rescate llegó el Consejo General del Poder Judicial; el mismo órgano que hoy sigue en funciones y que se nombró durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. En una medida bastante cuestionable, el Consejo General del Poder Judicial decidió apartar a uno de los principales jueces de la Gürtel, José Ricardo de Prada, de la decisión que más preocupaba al PP: si la mujer de Bárcenas entraría en prisión tras la condena de la Audiencia Nacional o si podía esperar en libertad hasta que la sentencia fuera firme en el Tribunal Supremo.

12. Milagros del Poder Judicial, siempre tan fino. José Ricardo de Prada fue apartado de la decisión sobre la entrada de prisión de los condenados por la Gürtel. Fue una medida controvertida que logró el voto de calidad de Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ nombrado por Mariano Rajoy –antes había sido alto cargo en el Gobierno de Aznar–. Y a pesar de que la Fiscalía pedía que la mujer de Bárcenas (15 años de condena, insisto) empezase a cumplir la sentencia de forma inmediata, el nuevo tribunal conformado por el veto a De Prada decidió que mejor no. Rosalía Iglesias quedó en libertad bajo fianza. Así sigue aún.

13. La última palabra sobre la Gürtel, como en todos los casos de corrupción, la tendrá la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español. Y esto explica muchas cosas. Tantas cosas. La más obvia: el interés del Partido Popular por controlar el Supremo y por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Quieren que sea el CGPJ que nombró Mariano Rajoy, con el mandato caducado, quien escoja a los tres nuevos jueces que irán al Supremo a la Sala de lo Penal. Si nada cambia pronto, en cuestión de semanas los van a nombrar.

14. Entre los candidatos al Supremo que la derecha quiere aupar está Concepción Espejel, la gran amiga de María Dolores de Cospedal (la misma política a la que Anticorrupción quiere imputar por el espionaje a Bárcenas). Y Ángel Hurtado: el único juez del tribunal de la Gürtel que pidió la absolución del PP en un voto particular.

15. Hurtado también fue uno de los jueces que decidió que la mujer de Bárcenas no entrase en prisión. Qué casualidad.

16. Porque las presiones y el abuso del poder del PP para protegerse de los escándalos de corrupción no se limitaron a la cloaca policial. Fue un circo de dos pistas, y la más importante es y sigue siendo la judicial.



El PP debiera estar ya fuera del panorama político de éste país.
 
DOMINIO PÚBLICOIlegales

ANA PARDO DE VERA

Directora corporativa y de relaciones institucionales de 'Público'
10/09/2020La presidente de honor del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y el presidente del PP, Pablo Casado, en una imagen de archivo en el Congreso. EFELa presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y el presidente del PP, Pablo Casado, en una imagen de archivo en el Congreso. EFE

En 2017, en pleno procés catalán, Casado y el ala más dura del PP plantearon la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas, impidiendo que se presentara a las elecciones cualquier partido que quisiese modificar el modelo territorial y pretendiese romper la sacrosanta unidad de España. Como siempre ocurre en estos casos de patrioterismo de la derecha, ahondar en las causas de ese deseo legítimo y legal de independencia o en los anhelos mayoritarios -aunque insuficientes- de los catalanes ni se plantea; no hablemos de hacer política, que eso da mucho trabajo y roba demasiado tiempo: mano dura, ley, Poder Judicial afín y cárcel para silenciar disidentes.


En 2002, el PP de Aznar en el Gobierno y el PSOE de Zapatero en la oposición acordaron y dieron luz verde a la ley de Partidos Políticos para aislar a Batasuna, obligando a la izquierda abertzale a ser examinada desde los libros que leía hasta la ropa interior que usaba para considerarse apta y formar un partido legal que pudiera ir a elecciones. Hoy, EH Bildu es la segunda fuerza política en Euskadi y tiene grupo parlamentario propio en el Congreso con 5 diputados, ha condenado la violencia para lograr la independencia y reniega de ella -como aclaró una vez más su líder, Arnaldo Otegi, por ejemplo, en esta entrevista con Público. El PP, no obstante, sigue considerándolos ilegítimos e indignos de escaño, al igual que a todos los partidos que pactan con ellos, incluido el PSOE del Gobierno. "Ilegítimos", paradójicamente, por acatar la cuestionable ley de partidos del bipartidismo, algo que resulta grotesco si no fuera por las connotaciones antidemocráticas tan oscuras que conlleva.


Estamos en 2020, y en pleno boicot del PP de Casado al Gobierno de coalición y a la Constitución Española (art. 122.3) , revienta en toda su plenitud corrupta otro capítulo de las cloacas de Interior al servicio del Gobierno de Rajoy (titulado Kitchen), en esta ocasión, para fulminar a un adversario interno, el ex tesorero y ex todopoderoso Luis Bárcenas, cuya información sobre el funcionamiento del partido en materia de financiación y otras miserias era y es, al parecer, infinita. Canta La traviata el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz -sobre cuya ilegitimidad como político (ésta sí), las grabaciones difundidas en este diario no dejaron atisbo de duda-, y quedan expuestas las mezquindades (ilegítimas y presuntamente ilegales) de Dolores de Cospedal, ex ministra y ex secretaria general del PP, y de Rajoy, ex presidente del Gobierno que, como en el intento de destrucción del independentismo catalán y de Podemos mediante dosieres falsos difundidos por una estructura mediática cómplice, utilizaron al Estado, al comisario Villarejo y cantidades de dinero público aún por cuantificar para neutralizar a Bárcenas: querían robarle -y emplearon hasta la violencia contra su familia con un sicario y falso cura- la información que pudiera comprometer y condenar al PP.


El martes, tras conocerse las revelaciones del número dos de Fernández Díaz en Interior, confirmando el operativo parapolicial para perseguir a Bárcenas con las órdenes de Fernández Díaz y las indicaciones y supervisión de Cospedal y Rajoy, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que la información sobre la operación Kitchen era suficiente para "ilegalizar al PP". Por supuesto, la derecha tardó una décima de segundo en rasgarse las vestiduras con la nariz bien alzada ante ese independentista "ilegítimo" -y por ellos, ilegal- que es Rufián. Pero vamos a analizar la ley de Partidos Políticos de PP y PSOE, pasando por alto la sentencia de la Audiencia Nacional -recurrida por el PP ante el Supremo- donde se confirma que el partido de Casado se financió ilegalmente y se enriqueció ilegítimamente. Vamos a ceñirnos a la Kitchen con su uso presuntamente ilegal de funcionarios, dinero y herramientas del Estado para torpedear la acción de la Justicia en el caso Bárcenas.


En la página 13 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, avanzamos directamente al "CAPÍTULO III,

De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos", donde el art.10.2 explica las razones por las que:


"La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:


a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal [¿Un partido que crea, por un lado, un sistema de financiación ilegal para hacerse y mantener el poder y enriquecer a sus dirigentes y, por otro, una estructura parapolicial con recursos del Estado para salvaguardar los intereses del partido saltándose la legalidad más elemental puede considerarse una "asociación ilícita"?]


b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica [sobre organización y actividad democrática del partido, democracia interna o derechos y deberes de los afiliados].



c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9 (Art.9.1 Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo)".


Nunca he sido partidaria de una ley de Partidos Políticos como la que tenemos, ni entonces ni ahora: no todos los afiliados ni dirigentes del PP son unos corruptos, conozco a muchos/as que defienden sus ideas democráticamente y están muy incómodos y preocupados con lo que estamos sabiendo.

Pero no deja de ser una ironía del destino que una ley del Gobierno Aznar pudiera perfectamente, y a tenor de los hechos, llevarse por delante hasta su "disolución" al partido refundado por Aznar. La tentación tiene que ser muy grande para este Gobierno, aun con un Poder Judicial bajo el manto del PP. Claro.


 
Por qué es tan grave la Operación Kitchen para la democracia
Los juristas analizan la creación de este entramado parapolicial orquestado por el PP para obstruir las investigaciones judiciales: “Esto es una actuación directamente criminal en el corazón del Estado”.


Fernández Díaz y

GTRESFernández Díaz y Cospedal
¿Se imaginan un país en el que el Gobierno orquestara supuestamente una operación para que la Policía utilizara fondos públicos reservados y espiara a la pieza clave de una red corrupta para robarle documentos y torpedear una investigación judicial en la que estarían implicados altos dirigentes del partido gobernante?

No, no es una distopía o una historia de latitudes bananeras. Eso se está investigando ahora en España. La llamada operación Kitchen puso en marcha un entramado parapolicial, que recibía órdenes de la cúpula de Interior durante la Administración de Mariano Rajoy, para espiar a la familia Bárcenas y robarles documentos que salpicaran a dirigentes del PP por recibir y lavar dinero del caso Gürtel.




Ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón instruye este caso, por el que ya está implicado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenaza con tirar de la manta y contarlo todo. Están cercados María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, para los que Anticorrupción pide imputaciones. Y en el ojo del huracán está también Mariano Rajoy, quien podría haber estado al tanto de todo y ser llamado en un futuro por la Justicia.

Una operación que rebasa todos los límites de la ley, según juristas consultados por El HuffPost, y que supone un duro golpe para el propio sistema democrático a la vista de los ciudadanos. Sin ningún respeto por la separación de poderes y utilizando a la Policía, que está para la seguridad de los ciudadanos, para cometer delitos.

“De gravedad extraordinaria”

“Es de una gravedad extraordinaria. Es un caso claro y paradigmático de confusión entre el partido y el Estado. El partido considera que el Estado es suyo y que tiene que actuar para protegerlo y para evitar que pueda intervenir el Poder Judicial en un asunto como suponía Gürtel”, reflexiona Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Y añade: “Hasta ahora no había ocurrido nunca. Se habían hecho cosas, pero una operación global a través del Ministerio del Interior utilizando a la Policía no se había visto nunca. El Estado tenía que hacer lo que fuera para que el partido no acabara siendo declarado responsable”.

Cospedal, Rajoy y Fernández Díaz en un acto en

GTRESCospedal, Rajoy y Fernández Díaz en un acto en Barcelona

Para Pérez Royo sería un caso claro de aplicación del artículo 22 de la Constitución que en su apartado segundo dice: “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. Ahonda: “Es un caso clarísimo, los medios se están utilizando de manera delictiva y persiguen un fin delictivo”. Es un “caso de perversión”, prosigue, al utilizarse además a la Policía. Remacha: “Esto es más corrupción que la Gürtel. Lo otro era Bárcenas con unos cuantos empresarios, pero es que ya es utilizar el aparato del Estado a su máximo nivel para tapar esa operación”.

Esto es más corrupción que la GürtelJavier Pérez Royo
“Además, gastando fondos públicos. Cogiendo al chófer y convirtiéndolo en policía… Es una monstruosidad de tal magnitud que no hay que ser jurista para verlo”, declara Pérez Royo, para luego manifestar: “Que el ministro del Interior ordene al secretario de Estado de Seguridad que ponga en marcha una operación para recuperar información comprometedora para el partido y que se utilice la Policía y no se ponga en conocimiento del Poder Judicial, que ya está investigando el asunto… Esto es la negación del Estado constitucional, la transformación del Estado constitucional en un instrumento de una panda criminal”.
Pérez Royo concluye: “Esto es una actuación directamente criminal en el corazón del Estado”.
Todas las claves sobre la operación Kitchen

La investigación sobre el espionaje a Bárcenas por parte del Gobierno de Rajoy para destruir pruebas.

El HuffPost
/ Antonio Ruiz Valdivia / 7 sept.

“Es de suma gravedad”, resume al hilo Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que reflexiona: “Para que una democracia constitucional funcione tiene que haber una serie de poderes neutrales e independientes. Si no hay independencia judicial, no hay Estado de Derecho. Pero los funcionarios tienen que ser también neutrales y, en concreto, la Policía. Resulta fundamental que no tenga color político”.

Que la cúpula de la Policía sea nombrada por el Gobierno, indica Tajadura, no quiere decir “que tenga que hacer cualquier cosa y obedecer órdenes ilegales”. “Aquí se ha puesto de manifiesto una cosa mayor, no sólo que los gobiernos nombran a las cúpulas, sino que supuestamente Interior dio órdenes ilegales de actuar no respetando los derechos fundamentales de personas, aunque fuera Bárcenas”, añade. “No se les puede investigar paralelamente al margen de los procedimientos establecidos, y más aún si el objetivo último es entorpecer investigaciones judiciales. Se va agravando la cosa”, sostiene este profesor. Todo ello pagado con fondos reservados, cuya misión no es, recuerda, proteger a un partido.
La Justicia es lenta, pero seguraJavier Tajadura
¿Erosiona la percepción de la democracia que tienen los ciudadanos? “Claro”, responde Tajadura, que cree que esto rebaja la confianza de las personas en las instituciones. Pero hace otra lectura: “Afortunadamente este tipo de cosas se acaban sabiendo. Puedes mantener el secreto entre tres, cuatro o cinco, pero en esta operación hay muchos nombres”. “La Justicia es lenta, pero segura”, dice.

Ignacio González Vega, magistrado y experto en cooperación judicial internacional, piensa:

“Evidentemente no solo ataca al sistema democrático, sino también al funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, es poner trabas para evitar llegar al fin de las investigaciones judiciales”.

“Eso puede ser constitutivo de delito: obstrucción a la Justicia”, advierte González de Vega, que recalca que son “muy graves y preocupantes las informaciones que están saliendo por la utilización del aparato del Estado”. “Es muy grave -reitera- utilizar los servicios policiales para frenar las investigaciones de los jueces para ver si hubo o no financiación ilegal por parte de un partido político y de Gobierno”.

Es muy grave utilizar los servicios policiales para frenar las investigaciones de los juecesIgnacio González Vega
El también magistrado Joaquim Bosch afirma, sobre esta supuesta trama, que el “juez instructor considera que hay indicios de que se creó un operativo parapolicial desde los cargos principales del Ministerio del Interior con la finalidad de conseguir datos sobre Bárcenas y evitar que estos documentos llegaran a la investigación judicial en marcha”.

“Por tanto, si se confirma, es tremendamente preocupante porque nos encontraríamos con que desde el órgano del Estado que está facultado principalmente para proteger a la sociedad y evitar que haya delitos se utiliza toda su maquinaria desde la parte más alta para torpedear la actuación de la Justicia e impedir que se aprueben pruebas relevantes para la investigación de unos de los principales asuntos de corrupción que han afectado a nuestra democracia”, disecciona Bosch.

Sería grave que se confirmara que con el dinero de todos los impuestos de la sociedad se utiliza a la Policía para tapar delitosJoaquim Bosch

“Sería grave que se confirmara que con el dinero de todos los impuestos de la sociedad se utiliza a la Policía para tapar delitos e impedir que el Poder Judicial desarrolle sus funciones. Es un contrasentido en el sentido más extremo de cómo debe funcionar un Estado de Derecho”, apostilla el magistrado.
Francisco Martínez, el hombre que tiene en jaque al PP

El principal político imputado por Kitchen apunta a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz

El HuffPost
/ Antonio Ruiz Valdivia / 8 sept.

En el auto el juez decía que supuestamente esa operación estaba dirigida por “órganos superiores del Estado”. Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, comenta: “Supone un ejemplo más de cómo la corrupción política desluce gravemente la actividad de las administraciones públicas de nuestro país y de la que la ciudadanía, como mera espectadora, resulta ser la primera perjudicada”.
“Por eso, la sociedad civil en su conjunto debe exigir de las formaciones políticas con representación parlamentaria que actúen con rigor, transparencia y seriedad y dediquen cuantos esfuerzos sean necesarios para reconducir esta intolerable desviación de poder con la inaplazable finalidad de recuperar el sentido y el prestigio de las Instituciones”, sostiene.
Resulta inadmisibleMaria Eugènia Gay
Este presunto uso de Interior para que la Policía obstruyera la labor judicial “resulta inadmisible”, explica, ya que “refleja hasta qué punto la corrupción –mediante la execrable e ilícita actuación de determinadas personas- tiene la capacidad de penetrar en las instituciones de un Estado de Derecho, apartándolas de los legítimos fines para los que las mismas fueron dispuestas”.

“Por eso, cuando hablamos de dotar a la Justicia con medios suficientes, nos estamos refiriendo a su sentido más estratégico para la buena gobernanza del país, pues supone la mejor manera de reforzar los mecanismos y garantías que en una democracia deben establecerse para combatir sucesos como éste y evitar que se vuelvan a reproducir en el futuro”, argumenta.

“Sin duda” esto afecta a la democracia, opina Gay, que declara: “Como dijo con gran acierto Montesquieu ‘Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder’, siendo la separación de poderes -y las garantías que para su efectividad se establezcan- un elemento inseparable de la democracia”.

Añade en este sentido: “Por eso, la fiscalización de la actuación de las administraciones a sus estrictos fines resulta fundamental, siendo imprescindible un Poder Judicial dotado de medios adecuados como refuerzo de la soberanía de los Estados para controlar que el Poder Ejecutivo cumpla con la legalidad vigente”. Y relata: “En ese sentido, la independencia judicial deviene crucial como elemento inseparable de un auténtico Estado de Derecho; teniendo los jueces la función constitucional en exclusiva de la potestad jurisdiccional, bajo el sometimiento estricto al imperio de la ley y en garantía de la separación de poderes”.

 
El coronavirus se le va de las manos al Gobierno Ayuso: 144 fallecidos y 21.342 contagios en una semana
El coronovirus en Madrid no está bajo control: los últimos datos oficiales son demoledores

JOSÉ MARÍA GARRIDO Miércoles, 9 de septiembre de 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita programada con motivo del inicio del curso escolar 2020/21 en el CEIP Francisco de Orellana de Arroyomolinos, en Arroyomolinos, Madrid, (España), a 8 de septiembre de 2020.
Los últimos datos publicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la evolución del coronavirus en la Comunidad de Madrid presentan un panorama desolador. En tan solo una semana, 21.342 personas se habrían contagiado en la región. Así, el número total de infectados este miércoles 9 de septiembre asciende a 155.801 personas. Hace una semana, el miércoles 2 de septiembre, la cifra era de 134.459.
A tenor de los datos, se puede decir que el coronavirus está descontrolado en Madrid. Es justo lo contrario de lo afirmado por el gobierno autonómico -que aún sostiene que la situación "está controlada”-. Y no solo por el número de contagiados, sino también por el de personas hospitalizadas (2.138 personas en el conjunto de los hospitales madrileños frente a 1.830 hace siete días) e ingresados en UCI (294 pacientes este miércoles frente a los 220 de hace una semana).
Solo en las últimas 24 horas, 27 madrileños perdieron la vida a causa del coronavirus. La cifra total de fallecidos, siempre según el recuento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se eleva a 9.644 personas. Esta cifra era considerablemente inferior hace una semana: 9.500 fallecidos. Es decir. En tan solo siete días, 144 personas han perdido la vida ante una epidemia que parece habérsele ido de las manos -por segunda vez-, al Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso.
 

Paul Preston: "Los tres periodos de mayor corrupción política son las dictaduras de Primo de Rivera y Franco y los últimos años del PP con la Gürtel"

  • Según Preston, España "no ha gozado de la clase política que se merecía, aunque ahora en Gran Bretaña tenemos otra clase política muy incompetente como se ha demostrado con el Brexit"


El historiador Paul Preston EFE
Rafael Guerrero
14 de septiembre de 2020 21:33h
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El prestigioso hispanista británico Paul Preston considera que hay tres periodos, en el ultimo siglo y medio de la Historia de España, en los que la corrupción política ha alcanzado su mayor magnitud. Y, por orden cronológico, son la dictadura de Primo de Rivera durante el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Franco y los gobiernos del PP presididos por Aznar cuando funcionó la 'trama Gürtel'. Así lo ha declarado durante la entrevista en el programa 'La Memoria' (RAI, Canal Sur Radio) este veterano historiador que lleva centrado en la investigación sobre el pasado reciente español más de medio siglo desde que llegara a Granada a finales de los años 60 y que acaba de publicar 'Un pueblo traicionado' (Debate), un libro de 800 páginas donde analiza con detalle la historia de la corrupción y la incompetencia política en España desde la restauración borbónica en 1874 hasta la actualidad, incluyendo el reinado de Felipe VI.

Corrupción e incompetencia política son realidades presentes en España que, según Preston, "no ha gozado de la clase política que se merecía, aunque ahora en Gran Bretaña tenemos otra clase política muy incompetente como se ha demostrado con el Brexit". No es, por tanto, nada nuevo. El historiador pone como ejemplo de esa peor clase dirigente a Alfonso XIII, que huyó de España al proclamarse la Segunda República el 14 de abril de 1931 con 85 millones de pesetas. Pese a todo, el bisabuelo de Felipe VI "se quejaba de no tener dinero, pese a que vivía bastante bien, primero en París y después en Roma. Yo descubrí casos de corrupción de Alfonso XIII, antes y durante la dictadura de Primo de Rivera, porque el rey estaba metido en asuntos bastante turbios".
La dictadura de Primo de Rivera, "alucinantemente corrupta"
La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) "no fue especialmente represiva, como sería la de Franco, pero sí alucinantemente corrupta. La corrupción lo inundaba todo. Los militares y los colaboradores civiles tenían las manos en la masa". La guerra del Rif, con la que los militares quisieron enjugar sus fracasos sistemáticos del siglo XIX, que acabaron con la pérdida de Cuba y Filipinas, fue un buen ejemplo de corrupción e incompetencia política, ya que aquella veleidad imperial se llevaba una tercera parte del Presupuesto del Estado, "algo increíble, si pensamos que ahora Trump critica a algunos gobiernos europeos por no gastarse ni un 2% del PIB en Defensa". Y hace referencia a los informes del general Picasso sobre el desastre de Annual (1921) y del socialista Indalecio Prieto, afirmando que "había heroísmo, sí, pero también un nivel de corrupción alucinante. La guerra del Rif no aportaba beneficio a España. Todo eran pérdidas en dinero y en sangre".
El ingenio de Preston le hace establecer ciertas semejanzas entre Primo de Rivera y el presidente estadounidense Donald Trump: "En los años 20 del siglo pasado no había móviles ni tuits, pero las notas oficiales que el dictador español publicaba diariamente equivalen a los tuits de ahora. ¿Cómo se puede uno imaginar a un dictador que escribe de su puño y letra una cosa alabando sus triunfos sexuales?".

Bajo el reinado de aquel monarca caprichoso y mujeriego que era Alfonso XIII, se cimentó una de mayores fortunas del mundo, la de Juan March, que controlaba negocios de tabaco, banca, navieras y prensa, manejando los hilos de la política, y que cuando no tuvo más remedio que pisar la cárcel lo hizo al estilo del narcotraficante Pablo Escobar, "como si estuviera en un hotel de 5 estrellas". El hispanista de Liverpool recuerda el papel clave de Juan March en la conspiración y golpe contra la República, que no se limita al alquiler de la avioneta Dragon Rapide que llevó a Franco desde Canarias hasta Tetuán para liderar el levantamiento del ejército de África. "Siendo entonces uno de los hombres más ricos del mundo, Juan March puso su fortuna al servicio de los conspiradores. Su dinero despejó las dudas de Franco y Mola, garantizando el traslado de sus familias a Francia. Pero fundamentalmente su dinero sirvió para comprar las primeras armas y los aviones italianos Savoia para el transporte de tropas de África a la península, sencillamente porque compró la empresa. Todo ese dinero fue una inversión en la causa rebelde que le permitió duplicar o triplicar su fortuna en poco tiempo".
Preston no pasa por alto los tejemanejes durante la Segunda República y no se olvida de Alejandro Lerroux, al que califica de "corrupto, chaquetero y redomado sinvergüenza", recordando que lo pusieron al principio como ministro de Exteriores, pese a no saber idiomas, sencillamente porque era la cartera donde tenía menos posibilidades de robar.
La II República y Largo Caballero
Sobre el dirigente socialista Francisco Largo Caballero, apodado como "el Lenin español", Preston se explaya en ese caso por su incompetencia y no ahorra críticas al afirmar que "su aportación a la derrota de la República fue masiva", poniendo como ejemplo "su empeño en impedir la coalición con los republicanos en las elecciones de noviembre de 1933, que facilitó la victoria de las derechas que dieron lugar al bienio negro, desbaratando las reformas y promoviendo odios y tensiones sociales". Posteriormente, con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, Preston critica a Largo Caballero por oponerse a la entrada de los socialistas en el Gobierno de coalición con los republicanos, "condenando a España a tener un Gobierno sin fuerza, creyendo que cuando pudieran gobernar los socialistas aplastarían la reacción de la derecha y eso no es lo que pasó el 18 de julio". Y finalmente, cuando a comienzos de la contienda Largo Caballero asume la Presidencia del Gobierno incluyendo el Ministerio de la Guerra, el historiador censura su negligencia e indolencia: "No cambiaba el ritmo de su vida. Se levantaba a la hora de siempre y se iba a la cama a las 8, sin permitir que lo despertaran por muy grande que fuera la catástrofe en plena guerra. Fue un desastre inmenso", concluye.

Como biógrafo de Francisco Franco, Preston ha publicado varios libros y es buen conocedor de sus estrategemas y puntos débiles. En 'Un pueblo traicionado', recuerda el amago de traición hacia los suyos -los conspiradores contra la República- del que era apodado por algunos como "el cuquito". Es el caso de aquella carta que dirigió en junio del 36 al entonces presidente del Gobierno republicano Casares Quiroga. En ella reclamaba todo el poder sobre el Ejército y las fuerzas policiales que llegó a tener cuando aplastó a sangre y fuego la Revolución de Asturias en octubre de 1934 para evitar el golpe de estado que se produciría un mes después. "Aquello fue un entrenamiento para ser dictador y disfrutaba horrores con eso. Le decía a Casares que "yo pongo orden y así se evita una guerra civil", lo que se puede interpretar como una traición a sus colegas de conspiración, pero no hay constancia de si Casares recibió esa carta y de su reacción. Si la hubiera recibido, el presidente del Gobierno debería haber arrestado Franco, aunque tampoco arrestó a Mola o a Yagüe". Una demostración más de la ingenuidad con que la República afrontó la insistencia de rumores golpistas. De hecho, Azaña y Casares decían: "Son caballeros, no harían eso".
"Queipo de Llano era un monstruo"
A propósito de Queipo de Llano, Preston prefiere no compararlo con Primo de Rivera, ya que "Primo era una figura un tanto cómica, pero no era un hombre sangriento. Estaba obsesionado con las mujeres, pero no alentaba a sus hombres a violar a las rojas. Miguel Primo alardeaba de que las mujeres lo adoraban, pero nunca, que yo sepa, provocaba violencia contra las mujeres". El historiador británico no puede ser más contundente en sus calificativos sobre el temido "virrey de Sevilla": "Queipo sí que era un monstruo. Se que es un tema polémico que divide mucho a la gente en Sevilla, pero no estoy a favor de que un psicópata y un asesino siga por más tiempo enterrado en la Macarena como si fuese una figura religiosa".
Y sobre la corrupción del franquismo, qué decir. En este caso, la corrupción partía de la cúspide y Preston se remite a las investigaciones de Ángel Viñas -que calificó al caudillo en el programa La Memoria como "un enorme chorizo"- y Mariano Sánchez Soler sobre "el Pazo de Meirás y sus inmensos chanchullos", ya que desde el principio de la guerra Franco desviaba suscripciones populares a la causa rebelde a sus cuentas particulares. Hizo una fortuna colosal, porque no tenía que robar ya que pensaba que toda España era suya. Lo ha demostrado aún su familia con el uso que ha hecho del patrimonio nacional".

Sobre Transición y "valentía"
Ya en clave más actual sobre el fenómeno de la memoria histórica, Paul Preston se muestra entre comprensivo y crítico con la Transición. "Ahora, con el espejo retrovisor de la Historia podemos decir muchas cosas", advierte. Tras admitir que Felipe González "debió ser más valiente con la memoria histórica", amparado en su gran mayoría absoluta parlamentaria y tras el fiasco golpista del 23F de 1981, rememora una conversación de entonces con Alfonso Guerra a propósito de sus investigaciones sobre "los cientos de miles de personas con antecedentes penales del franquismo por crímenes que nunca habían cometido". Le decía Guerra: "Paul, no sabes lo difícil que será hacer todo eso". Y es que había miedo. La Transición fue un pequeño milagro con unas fuerzas armadas y una Guardia Civil hostiles a la democracia y con falangistas con licencias de armas". Y pone especial énfasis en la pervivencia del franquismo sociológico: "Cuarenta años de dictadura controlando los medios de comunicación y la educación en un régimen de terror habían creado una masa sustancial de gente que pensaba que Franco había salvado a España. Los éxitos posteriores del Partido Popular se deben a esto. Así se pueden explicar, que no justificar, las reticencias de los socialistas, por miedo y por una cierta complacencia".
Paul Preston recuerda cuando entonces los periodistas le preguntaban sobre cómo superar las amarguras y las divisiones derivadas de la guerra civil y él respondía que era "cuestión de tiempo", pero 20 años después comprueba que aunque la gente siga preocupada por cómo llegar a fin de mes, "el tema está más candente que nunca".
Ahora, con un Gobierno progresista de coalición PSOE-Unidas Podemos que ultima una reforma legal sobre la memoria histórica que ancla sus principios en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que pretende perseguir la apología del franquismo y prohibir las fundaciones fascistas, así como investigar el origen ilícito de algunos patrimonios y fortunas del franquismo, Preston mantiene sus recelos sobre que esos propósitos culminen: "Son buenas intenciones, con sentido común político, pero dependerá del tiempo que duren en el poder para hacerlo. Yo habría ido más lento, aunque las intenciones son buenas".

“¿Quién escribe esa Historia? ¿Cómo se llega a una versión aceptable para todos sobre la Historia que hay que enseñar en la escuela? Son problemas que no se prestan a soluciones fáciles”.
El fecundo y prestigioso hispanista británico también alberga sus dudas acerca de la introducción de la memoria histórica en las aulas, para evitar que la ignorancia general sobre la Historia reciente facilite la manipulación política de la ciudadanía: "La ignorancia está por todos lados". Y pone como ejemplo su propio país "porque en el debate sobre el Brexit unos pocos han aprovechado la ignorancia de la gran masa. Yo no soy quién para decir que hay que leer los libros de Viñas, Santos Juliá o los míos." Y profundiza en el quid de la cuestión: "¿Quién escribe esa Historia? ¿Cómo se llega a una versión aceptable para todos sobre la Historia que hay que enseñar en la escuela? Son problemas que no se prestan a soluciones fáciles". Y concluye afirmando: "Yo soy historiador, no predicador del futuro".
Los mejores periodos
Y para finalizar, retomando el argumento inicial de la entrevista, en que Preston fijaba como periodos más corruptos de la Historia reciente de España las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco y los gobiernos de Aznar cuando funcionaba la ‘trama Gürtel’, el hispanista, nacido hace 76 años en Liverpool, señala sensu contrario los periodos donde predominó en mayor medida la honestidad política. A su juicio hay dos: "Los primeros dos años de la Segunda República y los primeros años de la Transición, cuando los políticos de entonces estaban pensando más en el país, en hacer algo bueno para un futuro mejor anteponiendo los intereses nacionales a los personales. Esos fueron los mejores periodos y ojalá estemos empezando otro tanto ahora mismo".
 
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