EL PP TAMBIÉN TRAICIONA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Un plan indecente
Ana Iríbar
Leo con interés, pero sin asombro, sobre un nuevo plan, también integral, de reinserción de presos de bandas armadas. Debe ser al parecer necesario para evitar su radicalización en las cárceles y para favorecer su reinserción en la sociedad. No debe bastar con la legislación vigente y la propia constitución española. Preocupa mucho al parecer a nuestro presidente del Gobierno y por ende, al ministro del Interior, educar en valores a los terroristas y demás angelitos –en total, entre etarras, GRAPO, bandas organizadas, yihaidistas, más de 1100– y preparar convenientemente a toda esta escoria, para que cuando salga a la calle, algo que el gobierno alienta como fin último, pueda encontrar trabajo –algo que no consigue hacer el 24% de los españoles de buena fe–.
Es interesante examinar la buena voluntad de un gobierno que se preocupa por la educación en valores de los terroristas encarcelados, algo que brilla por su ausencia en la sociedad actual y que, ¡mira por donde! va a extenderse dentro de las cárceles españolas, entre terroristas y demás bandas armadas. Tendrán eso sí que dejar atrás, de forma "clara, solemne y pública", su vinculación con el terrorismo, como quien deja la ropa sucia en un cesto. Me llama la atención que se pida un gesto de voluntad "claro" –para quienes han vivido en el odio– "solemne" –para quienes han transgredido todo orden democrático– y "público", a quienes solo han vivido en la clandestinidad y se han dejado ver a lo sumo por sus fotografías en patéticos homenajes populares y carteles de "se busca" en los aeropuertos. ¿Estará nuestro gobierno equivocándose de colectivo? ¿Se estarán refiriendo a toxicómanos y a terapias de grupo para dejar las drogas? Y es que ni siquiera van a tener que colaborar con la justicia o pedir el consabido perdón para acogerse al plan. Total, solo quedan más de trescientos casos de asesinatos de ETA sin resolver...
Me temo que nuestros responsables políticos son los más necesitados de cursos en valores. A lo mejor hasta podían aprovechar y hacer grupo. Quiero creer que no son conscientes de la gravedad de semejante propuesta. Quiero creer que no se dan cuenta de que con estas medidas, siendo ETA una realidad, presente incluso en nuestras instituciones, con el peso insisto, de más de 300 casos de asesinatos terroristas de ETA sin resolver, solo contribuyen a desvirtuar la esencia de la Democracia, la esencia del Estado de Derecho, la memoria de las víctimas del terrorismo.
No me importa en absoluto la radicalización de los presos en las cárceles. Solo pienso en los asesinos de Gregorio Ordóñez y solo me preocupa que cumplan la condena que les impuso el juez. No entiendo las razones que mueven a un gobierno a impulsar semejante plan. Y en cualquier caso, no quiero que Gregorio Ordóñez se convierta en un simple rehén de intercambio contra la libertad de ningún terrorista. Porque cuando se promueve la libertad de un terrorista en semejantes condiciones, con cada gesto que contribuye a alentar la libertad de uno de esos asesinos, se añade más tierra sobre el significado de la muerte de cada una de sus víctimas, sobre la existencia misma de las víctimas. Y esto es imperdonable para las familias, pero también indecente, insostenible para cualquier democracia que se precie. La ropa sucia, toda la trayectoria de terror de la que pueden ahora desvincularse sus responsables encarcelados, con solemnidad, es una realidad que no puede centrifugarse con simples planes integrales. ¡Tantos años como han sido necesarios para explicar esto! Quiero responsabilidad, exijo Justicia. Está en juego la esencia de nuestra democracia, la derrota del terrorismo, la construcción del relato veraz de toda la tragedia que ha asolado a miles de familias, a todo un país. ¡Que alguien se lo tome en serio, por favor!
Ana Iríbar es viuda de Gregorio Ordóñez, político del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995.
http://www.libertaddigital.com/opini...decente-64299/
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Enfado en Moncloa por el "soplo" de Interior y petición de discreción
La nueva maniobra antiterrorista del titular del Interior molestó a varios colegas del Consejo de Ministros, si bien la reunión se centró en los asuntos económicos, y en concreto a los informes que serán remitidos a Bruselas. La mayoría entró no tanto en el fondo, como sí en la forma: dar a conocer un plan penitenciario que, aseguran fuentes gubernamentales, "aún estaba sin concretar".
Esto no significa, ni mucho menos, que el nuevo paso no contara con el plácet del presidente. Pero sí que la filtración a la agenda de noticias EFE supuso "un acelerón" en los planes del Ejecutivo sobre ETA, dejando con el pie cambiado a cargos tanto del PP como del propio Gobierno. Un lío "de Interior y no nuestro", insistieron en Moncloa.
Fuera como fuere, Mariano Rajoy marcó en la víspera la línea a seguir: nada ha cambiado. Y el Gobierno se enrocó en ese mensaje: "Ni se negocia ni se va a negociar" con la banda terrorista, por lo que no hay novedad. En lo que no entra es en el hecho de que los etarras se vayan a librar de pedir perdón o en las muchas críticas vertidas tanto por las víctimas como por el sector más firme del PP.
En una calculada respuesta, Soraya Sáenz de Santamaría se centró en lo que llevaba preparado para no entrar en conflicto con nadie, menos aún con las víctimas. Lo que quiso dejar bien claro es que no habrá, ni ahora ni nunca, diálogo con ETA. "Los presos no pueden esperar nada de ninguna negociación con el Gobierno", aseguró, al término del Consejo de Ministros.
Según su versión, el Ejecutivo va a aplicar la Ley "en toda su extensión". En este sentido, desbrozó la norma penitenciaria para recalcar que los posibles beneficios son "individualizados" para aquellos terroristas que "de manera clara, rotunda, decidida y solemne decidan abandonar la banda". Tendrán que cumplirse, insistió, "todos los requisitos" que se prevén en la ley, si bien rehusó aclarar si tendrán que arrepentirse y, en consecuencia, pedir perdón.
Esa "declaración pública", continuó Sáenz de Santamaría en una segunda pregunta, será "constatable" y revisable en el tiempo. Tendrán, sí o sí, que abandonar la organización terrorista. "A partir de ahí se iniciará el procedimiento de reinserción", explicó. Preguntada por la ubicación de las cárceles donde se darán los cursillos, la vicepresidenta tampoco quiso adelantar acontecimientos.
Ya entrando en el fondo, las aguas volvieron a bajar revueltas. En el propio Consejo de Ministros hay división sobre la norma, habiendo quienes son muy críticos. Mientras, el PP sigue dividido. Oficialmente, alineamiento. Pero "a título personal" críticas tan reseñables como las de Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada y víctima, que instó al Gobierno a buscar otros caminos que no hicieran daño a quienes han sufrido la lacra del terrorismo.
El sector de las víctimas preocupa especialmente. De hecho, el Gobierno ya trabaja para "volver a conectar" con ellas, mientras que en Génova también se preparan para reforzar este trabajo. Les será difícil: "El problema es que no hay cambios con la anterior política antiterrorista, la del PSOE, pero sí con nuestro Programa", destaca un descontento dirigente del PP.
Para evitar este nuevo incendio político, en el Ejecutivo se instaló una idea más; la de intentar llevar a cabo los próximos movimientos en esta materia bajo un paraguas de "discreción". Atando todos los cabos, hablando con los diferentes colectivos. Todo ello, insisten, bajo la premisa "irrenunciable" de no negociar con ETA, pero evitando estridencias públicas.
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